La Universidad de Sucre no puede convertirse en escenario de disputas personales, políticas o burocráticas mientras miles de estudiantes esperan de su alma máter algo elemental: educación de calidad, transparencia y estabilidad institucional. Lo que está ocurriendo en Unisucre merece la atención de toda la sociedad sucreña. No estamos hablando simplemente de una discusión entre profesores, estudiantes y directivos. Estamos frente a una sucesión de hechos que han golpeado la confianza de la comunidad universitaria y que requieren respuestas claras de quienes tienen responsabilidades de dirección y control.
En abril, la institución quedó en el centro de una fuerte controversia por los salarios de algunos docentes de planta, con cifras que, según información publicada por distintos medios, llegaron a superar los 90 millones de pesos mensuales. El debate se relacionó con el régimen de puntos salariales establecido para los profesores universitarios y con denuncias sobre posibles irregularidades en su utilización. La Universidad, por su parte, sostuvo que los documentos conocidos eran preliminares y pidió evitar generalizaciones contra el cuerpo docente. El conflicto escaló hasta afectar el funcionamiento institucional. Hubo asambleas permanentes, protestas estudiantiles y denuncias de docentes que afirmaron haber sido retenidos dentro del campus. La gravedad de la situación llevó incluso a actuaciones de organismos de control y llamados al diálogo institucional.
Pero el problema no terminó allí. En septiembre, nuevas tensiones aparecieron alrededor de las elecciones estudiantiles. Se registraron discusiones, agresiones verbales y enfrentamientos físicos en inmediaciones de la entrada principal, mientras algunos estudiantes cuestionaban las garantías del proceso y señalaban un supuesto respaldo de docentes a determinados candidatos, hechos que no han sido verificados independientemente. Y ahora aparece un nuevo capítulo: el Ministerio de Educación requiere explicaciones sobre la integración y funcionamiento del Consejo Superior, incluyendo cuestionamientos relacionados con delegados, elección de ex rectores, idoneidad de un representante, reformas estatutarias y una posible extensión del periodo rectoral. Son asuntos demasiado serios para despacharlos con comunicados o confrontaciones.
La reciente designación de Gustavo Vergara Arrázola como representante de la Presidencia ante el Consejo Superior ocurre precisamente en medio de esta tensión institucional. Aquí no se trata de tomar partido por profesores, estudiantes, rectoría o consejeros. Se trata de defender a la Universidad de Sucre. Los recursos públicos deben manejarse con absoluta transparencia. Los derechos de los docentes deben respetarse. Los estudiantes tienen derecho a recibir clases y a participar en procesos democráticos con garantías. Y las autoridades universitarias tienen la obligación de rendir cuentas.
La comunidad sucreña necesita saber qué está pasando realmente en su universidad. Porque una universidad pública no pertenece a un rector, a un sindicato, a un grupo de profesores, a una corriente política ni a una generación de estudiantes. La Universidad de Sucre pertenece a Sucre. Y precisamente por eso, lo que está ocurriendo no puede seguir siendo un asunto interno. Es un asunto público que exige verdad, transparencia, debido proceso y resultados .
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
