La nueva etapa de Ecopetrol comenzó con una tarea que podría tener profundas repercusiones administrativas, fiscales y judiciales: esclarecer qué ocurrió al interior de la principal empresa petrolera del país y determinar quiénes tendrían que responder por las presuntas irregularidades que están siendo examinadas mediante una auditoría forense.
La nueva junta directiva de Ecopetrol confirmó que existen más de 32 casos emblemáticos bajo revisión, relacionados con contratación, nombramientos, operaciones comerciales y otros procesos internos. De acuerdo con las declaraciones entregadas por Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva, las pruebas digitales fueron aseguradas y los investigadores buscan establecer con rigor técnico qué ocurrió, cuánto dinero estuvo comprometido y cuáles serían las responsabilidades individuales.
Entre los asuntos que han trascendido aparecen presuntos pagos relacionados con nombramientos, contratos de infraestructura y mantenimiento, negocios de gas y paneles solares, servicios de ciberseguridad y proyectos como Termomorichal. También se han mencionado posibles irregularidades en contratos de empresas filiales y operaciones que habrían sido fraccionadas para evitar controles internos, según las denuncias y declaraciones conocidas públicamente.
Uno de los elementos que mayor atención ha generado es la dimensión económica de algunos de los contratos examinados. Reportes periodísticos señalan que los procesos bajo investigación podrían involucrar contratos por más de 10 billones de pesos. Sin embargo, esa cifra corresponde al valor de los negocios sometidos a revisión y no significa que exista un detrimento por ese mismo monto. Será la investigación la que determine si hubo perjuicio patrimonial y, de ser así, cuál fue su cuantía.
La magnitud del proceso llevó a Henao a advertir que, si las hipótesis investigadas llegan a comprobarse, el caso podría alcanzar dimensiones excepcionales. La junta también ha señalado que algunos hallazgos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. El escenario trasciende las fronteras colombianas. Ecopetrol tiene presencia en los mercados internacionales y sus acciones cotizan en Nueva York. Por esa razón, la compañía ha planteado que determinados hallazgos podrían ser puestos en conocimiento de autoridades estadounidenses, entre ellas la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia, si se establecen eventuales infracciones relacionadas con valores, información financiera o normas aplicables.
La renovación de la junta directiva, aprobada el 15 de septiembre, coincidió con la salida de Juan Carlos Hurtado de la presidencia encargada y la designación temporal de Camilo Barco. La transformación de la dirección empresarial se produce en medio de las investigaciones y de los cuestionamientos sobre el gobierno corporativo de la compañía.
La denominada “caja de Pandora” de Ecopetrol, por ahora, sigue abierta. Lo que corresponde será dejar que la auditoría concluya, preservar la cadena de custodia de las evidencias y permitir que Fiscalía, organismos de control y demás autoridades competentes establezcan responsabilidades. En un asunto de semejante magnitud, la transparencia no puede limitarse a revelar denuncias: también exige demostrar, con documentos, pruebas y decisiones judiciales, qué ocurrió realmente con los recursos y con el patrimonio de una empresa estratégica para Colombia.
Visión Global Digital continuará haciendo seguimiento a los resultados de la auditoría y a las actuaciones de las autoridades.
