Santa Marta no puede acostumbrarse al miedo. Una ciudad turística, comercial y estratégica para el Caribe colombiano no puede permitir que hombres armados decidan cuándo puede abrir un comerciante su negocio, cuándo puede circular un transportador o cuándo una familia puede salir tranquilamente de su casa. Lo ocurrido durante las últimas horas es grave. Una tractomula fue incinerada frente a la Universidad Cooperativa de Colombia, en plena Troncal del Caribe, después de que su conductor fuera obligado a descender. Posteriormente, un taxi fue incendiado en la calle 30, cerca de El Pando. También se han reportado afectaciones al comercio y restricciones al transporte en distintos sectores.
Estos hechos se producen en medio del paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de los operativos de la Fuerza Pública que dejaron entre los muertos a alias ‘Cholo’, señalado como integrante de la estructura criminal. La respuesta violenta demuestra que el problema no es solamente una confrontación entre organizaciones armadas y autoridades: el verdadero afectado es el ciudadano que trabaja, produce, estudia y quiere vivir en paz. Y aquí hay una verdad que no podemos maquillar: cuando un grupo ilegal tiene capacidad para detener una carretera, quemar un vehículo y amenazar a comerciantes, está intentando proyectar una imagen de poder territorial. El Estado no puede aceptar que esa percepción termine convirtiéndose en realidad.
La reacción institucional ha sido reforzar la presencia de la Policía y el Ejército. La Gobernación del Magdalena informó que mantiene activo el Puesto de Mando Unificado y que las autoridades permanecen desplegadas en la ciudad y sobre la Troncal del Caribe. Además, se reportó la habilitación de las vías del departamento después de los bloqueos registrados inicialmente.
El Gobierno Nacional también anunció un refuerzo militar y policial para Santa Marta. El presidente Abelardo De la Espriella señaló que la Fuerza Pública recibió instrucciones para recuperar el control territorial y actuar dentro de la Constitución y la ley. Pero la presencia institucional debe traducirse en resultados sostenidos. No basta con desplegar soldados y policías durante la emergencia y retirarlos cuando disminuya la tensión. Se necesita inteligencia, judicialización, protección de corredores estratégicos, acompañamiento permanente a comerciantes y transportadores y una estrategia que permita identificar las estructuras, sus fuentes de financiación, sus redes de apoyo y sus responsables.
Santa Marta necesita seguridad, pero también necesita continuidad. La fuerza legítima del Estado no puede ser solamente una reacción frente a cada incendio o cada amenaza. Debe convertirse en una política permanente de recuperación del territorio. Porque cuando se quema una tractomula no solamente se destruye un vehículo. Se intenta quemar la confianza. Cuando se amenaza a un comerciante no solamente se afecta un negocio. Se pretende paralizar una economía. Y cuando se intimida a una ciudad, el objetivo es mucho más profundo: demostrar que el miedo puede mandar.
Santa Marta merece exactamente lo contrario. Que manden la Constitución, la ley, las instituciones y la autoridad legítima. Y que quienes utilizan las armas para someter a la población entiendan que el Estado tiene la obligación de recuperar el control, proteger a los ciudadanos y llevar a los responsables ante la justicia. La seguridad no puede ser un privilegio. Es un derecho. Y en Santa Marta, hoy más que nunca, ese derecho debe ser defendido.
