Santa Marta amaneció estos días con una realidad que ningún ciudadano quisiera vivir: calles semivacías, comercios cerrados, vehículos incinerados, amenazas y una población sometida al miedo por cuenta de un paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN. Pero detrás de esta escalada hay un elemento que no puede perderse de vista: la Fuerza Pública venía golpeando militar y judicialmente a esta estructura criminal.
El 21 de septiembre, el Gobierno informó sobre una operación en la que fueron abatidos siete integrantes de las ACSN, entre ellos alias “Cholo”, señalado como segundo cabecilla y componente financiero de la organización. También fueron capturados tres presuntos integrantes y se incautaron diez fusiles (incluido un Barrett calibre .50), dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas de 40 milímetros. La respuesta de la organización criminal fue anunciar un paro armado de 48 horas. Y ahí apareció el Estado.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó reforzar militar y policialmente Santa Marta y dispuso utilizar las capacidades legítimas de la Fuerza Pública para recuperar el control territorial. Los días siguientes fueron particularmente difíciles. Se reportaron intimidaciones a comerciantes, cierres de establecimientos, disparos contra negocios y quema de vehículos. En la calle 30 fue incendiado un taxi y otro vehículo de carga fue quemado en la Troncal del Caribe. El miedo, sin embargo, no puede convertirse en la medida del poder de un grupo armado. Porque mientras las ACSN intentaban demostrar capacidad de intimidación, soldados y policías continuaban desplegados en Santa Marta, sus corregimientos y los corredores estratégicos del Magdalena. El propio Ejército informó este miércoles de la captura, en Buritaca, de un presunto integrante de la estructura Libardo Vergel. Según la institución, al detenido le fueron encontrados dos artefactos explosivos improvisados preparados para ser utilizados mediante drones, además de 50 cartuchos calibre 7,62 milímetros y una motocicleta.
No es el único resultado. Durante 2026, la Policía ha reportado capturas de presuntos integrantes de las ACSN vinculados con extorsiones, homicidios y otras actividades criminales. En junio fue capturado alias “Jesu”, señalado por las autoridades como presunto componente financiero de la organización y responsable de coordinar cobros extorsivos en Santa Marta y Ciénaga. En julio fueron capturados otros dos presuntos integrantes señalados de cobrar extorsiones a comerciantes y trabajadores, y días antes tres personas habían sido capturadas en allanamientos por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas.
La ofensiva tampoco se limita a Santa Marta. En julio, el Ejército reportó la destrucción de un laboratorio de producción de cocaína atribuido a las ACS, con la incautación de más de 310 kilogramos de clorhidrato de cocaína y una afectación calculada por la institución en más de 1.705 millones de pesos a las economías ilícitas. Y entonces ocurrió una escena que resume el momento: mientras los delincuentes intentaban imponer miedo, el Presidente salió a patrullar las calles de Santa Marta acompañado por integrantes de la Fuerza Pública. El recorrido incluyó sectores urbanos de la ciudad y se produjo en medio del dispositivo desplegado para enfrentar la amenaza.
El mensaje político y operativo fue claro: el Estado no puede permitir que una organización criminal decida cuándo abre un comerciante, cuándo circula un ciudadano o cuándo funciona una ciudad. Aquí no se trata de celebrar la confrontación. Se trata de recordar algo elemental en una democracia: el monopolio legítimo de la fuerza pertenece al Estado y debe ejercerse dentro de la Constitución y la ley. Las ACSN pueden quemar vehículos, disparar contra establecimientos o intentar paralizar el comercio. Pero cada acto de intimidación también demuestra por qué las operaciones contra sus estructuras, sus finanzas, sus redes de apoyo y sus capacidades armadas deben continuar con inteligencia, coordinación institucional y respeto absoluto por la población civil.
En Santa Marta el rugido ya se escuchó. Y esta vez, el Tigre no llegó a mirar desde lejos: llegó a patrullar las calles junto a quienes tienen la misión constitucional de proteger a los colombianos. Ahora corresponde que la Fuerza Pública mantenga la presión operacional, que la justicia haga su parte y que los ciudadanos puedan recuperar plenamente sus calles, sus negocios y su tranquilidad. Porque ninguna organización criminal puede tener la última palabra en un territorio donde la Constitución sigue vigente
