Hay decisiones de Estado que se entienden mejor por lo que buscan impedir que por el ruido político que generan. La orden del presidente Abelardo De La Espriella de trasladar a cárceles de máxima seguridad, ubicadas fuera de la región Caribe, a 76 personas privadas de la libertad señaladas de tener vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca, pertenece a esa categoría. El argumento presidencial es directo: no tiene sentido capturar a integrantes de una estructura criminal y mantenerlos recluidos en el mismo entorno territorial desde donde, según las autoridades, pueden continuar coordinando extorsiones, asesinatos o acciones de intimidación. La decisión busca cortar canales de mando y comunicación y reforzar el control penitenciario.
La medida llega en medio de una crisis de seguridad que puso nuevamente a Santa Marta y al Magdalena en el centro de la discusión nacional. Después de la operación en la que fue neutralizado alias “Cholo”, señalado como segundo cabecilla y financiero de las ACSN, el Gobierno respondió con un despliegue reforzado de Fuerza Pública y con la instrucción de recuperar el control territorial. La dimensión del operativo también habla de una nueva metodología: más de 500 soldados y 600 policías fueron destinados a la protección de Santa Marta, Ciénaga y corredores estratégicos, mientras el Ejecutivo instalaba puestos de mando y hacía seguimiento directo a las operaciones. Y la ofensiva no terminó con las primeras capturas. En las últimas horas, seis allanamientos realizados por Policía y Ejército en Santa Marta y Ciénaga dejaron 13 capturados, además de incautaciones de droga, munición, teléfonos, material intimidatorio y más de 29 millones de pesos en efectivo, según el reporte conocido públicamente.
Aquí aparece un elemento fundamental para analizar los primeros días de esta administración: la seguridad está siendo planteada desde el Ejecutivo como una cadena completa, que comienza con inteligencia, continúa con operaciones militares y policiales, pasa por capturas y judicialización y pretende terminar con el aislamiento efectivo de quienes continúen delinquiendo desde las cárceles. El propio Gobierno había reportado, al cumplir 36 días de administración, 17.147 capturas y 24 cabecillas de estructuras narcoterroristas afectados, de los cuales 19 fueron capturados y cinco murieron en operaciones. Esas cifras corresponden al balance oficial del Ejecutivo y deben leerse como tal, diferenciándolas de una evaluación independiente de resultados judiciales o de reducción sostenida de la criminalidad. Por eso, lo ocurrido en el Magdalena no debe analizarse solamente como una respuesta coyuntural a un paro armado. Es también una prueba para la política de seguridad del nuevo Gobierno.
El desafío es enorme. Una organización criminal no desaparece porque caiga un cabecilla ni porque se produzcan decenas de capturas. El propio debate especializado sobre seguridad en Colombia advierte que las estructuras criminales tienen capacidad de adaptación y que las instituciones necesitan coordinación estratégica, territorial e interinstitucional para evitar que los golpes operacionales sean únicamente temporales. Pero hay una señal inequívoca en lo sucedido: el Estado decidió no limitarse a capturar; también pretende impedir que los capturados continúen ejerciendo poder criminal desde las cárceles. Ese es, quizá, uno de los mensajes centrales que deja la actual coyuntura del Magdalena: la autoridad no se mide únicamente por el número de uniformados desplegados, sino por la capacidad institucional de convertir una operación en control territorial, judicial y penitenciario sostenible.
El Tigre sigue rugiendo y mordiendo duro a los delincuentes en el Magdalena. Ahora corresponde al Estado demostrar que ese rugido criminal puede ser contenido con inteligencia, Fuerza Pública, justicia y permanencia institucional. Porque recuperar la seguridad no es solamente entrar a un territorio: es conseguir que el Estado permanezca allí cuando las cámaras se hayan ido
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
