Lo que comenzó como una gestión de recursos para atender las consecuencias del llamado Frente Frío en Sincelejo acaba de convertirse en un asunto que exige explicaciones públicas, documentos sobre la mesa y, sobre todo, absoluta transparencia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) requirió al Municipio para que reintegre $36.324 millones, más los rendimientos financieros, recursos destinados inicialmente a fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Y aquí es donde el novelón apenas comienza.
De acuerdo con la documentación divulgada públicamente, mediante la Resolución 0565 del 19 de junio de 2026 la UNGRD autorizó la transferencia de $36.324.028.177 a un Fondo de Inversión Colectiva administrado por Fiduprevisora, con una destinación concreta: garantizar la continuidad y ampliación de la cobertura del PAE y las canastas alimentarias durante el receso escolar.
El asunto se complicó cuando, según la información conocida, la administración municipal habría solicitado modificar la ruta financiera de esos recursos. La propia documentación señala que mediante la Resolución 1444 de 2026 se ordenó cancelar el fondo y trasladar los recursos a una cuenta del municipio. La UNGRD cuestionó esa actuación y sostuvo que la Alcaldía no tendría competencia para impartir dicha instrucción a Fiduprevisora. Hay otro elemento que merece especial atención. El Plan de Trabajo presentado por el municipio contemplaba una posible sustitución de fuentes para cancelar acreencias con el operador del PAE. Posteriormente aparecieron facturas por aproximadamente $29.115 millones, correspondientes a servicios de diferentes periodos.
Según la investigación publicada por un medio independiente, varias de esas facturas fueron radicadas y aceptadas poco antes del retiro de los recursos del fondo. Pero sería irresponsable convertir estos hechos en una sentencia anticipada. Una cosa es que existan cuestionamientos administrativos y financieros, y otra muy diferente determinar si hubo una conducta irregular, quién sería responsable y cuáles fueron las razones jurídicas y presupuestales de cada decisión. Lo que sí resulta innegable es que la UNGRD ya puso el asunto en un escenario institucional. Según otra publicación basada en el requerimiento identificado como 2026EE16294, del 10 de septiembre de 2026, la entidad exige el reintegro de los $36.324 millones y sus rendimientos, y advierte sobre la posibilidad de poner los hechos en conocimiento de los organismos de control si no se produce la devolución.
La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla y contundente: ¿dónde están los $36.324 millones y en qué fueron utilizados? La respuesta no puede ser política, emocional ni propagandística. Debe estar respaldada por contratos, cuentas, extractos bancarios, soportes de ejecución, facturas, actas y certificaciones.
El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, tiene la responsabilidad política de ofrecerle a la ciudadanía una explicación clara. La administración municipal, por su parte, debe entregar toda la documentación que permita establecer el recorrido de cada peso. Sincelejo no necesita otro escándalo convertido en pelea política. Necesita verdad. Porque si los recursos fueron utilizados correctamente, los documentos deberán demostrarlo. Y si hubo actuaciones contrarias a la destinación establecida, serán las autoridades competentes las llamadas a determinar las responsabilidades. La UNGRD ya tocó la puerta. Ahora comienza la parte verdaderamente importante del novelón: saber qué pasó con la plata.
