Hay señales que marcan un cambio de época en la seguridad nacional colombiana. La llegada de una nueva cooperación militar y tecnológica con Estados Unidos, sumada a la decisión del Gobierno de enfrentar directamente a las organizaciones armadas ilegales, configura un escenario diferente para las FARC y sus disidencias, el ELN, el Clan del Golfo y las demás estructuras criminales que han convertido el narcotráfico en fuente de financiación, control territorial y violencia.
El presidente Abelardo De La Espriella fue explícito al advertirles a los cabecillas de estas organizaciones que tienen “fecha de expiración” durante su Gobierno. En septiembre, desde Cartagena, lanzó el mensaje: “O se entregan o los doy de baja como en derecho corresponde”. La Presidencia identificó entonces a mandos del ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor de Bloques y Clan del Golfo. La frase tiene una consecuencia política y militar evidente: el Gobierno plantea sustituir la lógica de negociaciones indefinidas por una política de sometimiento a la justicia. De hecho, la administración ha señalado que no habrá negociación política con grupos criminales, sino sometimiento a la justicia. Y aquí cabe una consideración que durante años ha sido objeto de debate nacional: para muchos colombianos, las FARC no desaparecieron; lo que ocurrió fue una transformación de la estructura armada, con antiguos integrantes que dejaron las armas y otros que continuaron en organizaciones disidentes que conservaron economías ilegales, armas, territorios y métodos violentos. Esa realidad explica por qué hoy el Estado sigue enfrentando nombres, frentes y organizaciones surgidas o fortalecidas después del proceso de paz de 2016. Ahora aparece un elemento tecnológico de enorme importancia.
Estados Unidos está trasladando hacia Colombia y Ecuador drones MQ-9 Reaper que estaban desplegados en África, dentro de una nueva estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado. Estos aparatos poseen capacidades avanzadas de vigilancia, reconocimiento y seguimiento, pueden permanecer largos períodos en el aire y, dependiendo de la misión y autorización correspondiente, tienen capacidad para emplear armamento de precisión. No es una tecnología experimental. Los Reaper han sido empleados por Estados Unidos en operaciones contra organizaciones terroristas como Al Qaeda, Estado Islámico y Al Shabab. Ahora parte de esa experiencia y capacidad tecnológica se está trasladando al escenario latinoamericano.
Colombia ya conoce el valor de esa cooperación. En septiembre, equipos estadounidenses, incluidos drones de última generación, fueron utilizados como apoyo de inteligencia en una operación del Gaula que permitió rescatar a ocho secuestrados del ELN en Norte de Santander. Esto cambia las reglas del juego. La selva, las montañas, los corredores fluviales y las zonas históricamente utilizadas como refugio dejan de ser espacios donde el criminal pueda confiar exclusivamente en la dificultad geográfica para ocultarse. La tecnología permite observar, seguir, identificar y entregar información para que las autoridades actúen. Por eso puede afirmarse que hoy el mensaje para los grupos armados es distinto: no hay territorio vedado para la Fuerza Pública. Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía están llamadas a recuperar la iniciativa operacional dentro de la Constitución y la ley.
El propio Gobierno anunció con Estados Unidos el fortalecimiento de radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, inteligencia, ciberdefensa, movilidad y fuerzas especiales dentro del denominado Plan Patriota Siglo XXI. La ecuación es clara: inteligencia para encontrar, tecnología para seguir, Fuerza Pública para operar y justicia para procesar. El narcoterrorismo puede tener dinero, armas, cocaína y tecnología. Pero si el Estado mantiene la iniciativa, coordina sus instituciones y utiliza responsablemente la cooperación internacional, la ecuación puede comenzar a cambiar.
La advertencia presidencial, por tanto, no debería interpretarse solamente como una frase de combate. Es el anuncio de una política: quien quiera someterse a la justicia tendrá esa posibilidad; quien decida continuar asesinando, secuestrando, extorsionando y traficando, tendrá que enfrentar la acción legítima del Estado. Colombia está entrando en una nueva fase. Y esta vez, el mensaje parece llegar acompañado de inteligencia, tecnología y capacidad operacional para hacerlo realidad.
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
