La instrucción presidencial, dirigida a la ministra de Cultura, amplía el debate sobre la memoria del M-19. La decisión reciente del Consejo de Estado se refiere específicamente al sombrero de Pizarro y sigue siendo provisional.
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, retirar de los espacios públicos obras e imágenes alusivas a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19. En un discurso en la sede de esa cartera, el mandatario sostuvo que no permitirá lo que calificó como “apología al terrorismo” y afirmó que antiguos integrantes de organizaciones armadas no deben ocupar un lugar de próceres. La instrucción fue reportada por medios nacionales. Pizarro encabezó el proceso de desmovilización del M-19 y fue asesinado en 1990, cuando era candidato presidencial. Ese recorrido forma parte de la historia política del país y es central para el debate sobre cómo representar la violencia, la paz y sus protagonistas en instituciones culturales.
El antecedente judicial citado en la discusión es más acotado que la orden presidencial. El 30 de septiembre, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución de 2024 que reconoció el sombrero de Pizarro como patrimonio cultural. La medida cautelar se refiere a ese acto administrativo y a ese objeto; no es una sentencia definitiva ni ordena retirar todas las imágenes de Pizarro de espacios públicos. El alto tribunal examinó preliminarmente cuestionamientos sobre el procedimiento y la competencia para otorgar el reconocimiento. La directriz presidencial abre preguntas que requieren respuestas concretas: ¿qué obras y lugares comprende?, ¿con qué instrumento administrativo se ejecutará?, ¿qué criterios definirán qué piezas se retiran y cuáles se conservan? También queda por conocer cómo garantizará el Ministerio que la decisión se ajuste a las normas sobre patrimonio, archivos y libertad de expresión.
El Gobierno presenta la medida como rechazo a la exaltación de la violencia. Sus alcances, sin embargo, van más allá del caso del sombrero que revisa el Consejo de Estado. ¿Publicará el Ministerio un inventario de las piezas afectadas y los fundamentos legales para retirarlas? ¿Cómo distinguirá entre glorificar la violencia y preservar documentos que permiten estudiarla?
