La reforma pensional de Gustavo Petro vuelve al centro del debate, pero no porque la Corte Constitucional la haya declarado derrotada. La Sentencia C-264 de 2026 dejó un resultado más complejo: avaló la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, ordenó corregir el trámite de varios artículos y estableció que las disposiciones aprobadas entrarán en vigor el 1 de abril de 2027.
La decisión representa un revés para quienes esperaban que la reforma empezara a operar de inmediato y una oportunidad para que el Gobierno de Abelardo de la Espriella revise sus implicaciones y prepare su implementación. Pero llamarla una victoria definitiva del nuevo Gobierno sería exagerar: la Corte no le entregó facultades para desmontarla ni resolvió si sus contenidos son convenientes para el país. En este fallo examinó el procedimiento legislativo. El dato político de fondo es que una reforma presentada por Petro como uno de los grandes logros de su administración todavía no consigue cerrar su recorrido institucional. La Corte encontró que en el trámite de subsanación no se debatieron ni votaron adecuadamente algunas proposiciones. Por eso devolvió artículos y apartes a la Cámara para que se corrija el procedimiento. El Congreso tiene una nueva tarea pendiente, y el reloj ya está corriendo.
Petro todavía pelea por preservar su reforma. Sus defensores pueden destacar que el tribunal respaldó la mayor parte de la ley; sus críticos pueden señalar que el proceso acumula tropiezos y que partes de la norma siguen bajo examen. Ninguna de esas lecturas cambia la obligación de discutir con seriedad lo que está en juego: el futuro de las pensiones, el ahorro de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema.
La Corte fijó el 1 de abril de 2027 como fecha para la entrada en vigor de las disposiciones que declaró exequibles, con el propósito de dar tiempo de preparación a Colpensiones, las administradoras privadas y otros actores. Los artículos devueltos podrían tener otro calendario, dependiendo de si el Congreso subsana los defectos y de la revisión posterior del alto tribunal.
El Gobierno de De la Espriella recibe así margen para preparar su respuesta, pero también una responsabilidad: explicar con claridad qué hará, qué costos anticipa y cómo protegerá a quienes están próximos a pensionarse. No basta con celebrar el aplazamiento como un triunfo político. Y Petro, desde la oposición, tendrá que defender su legado con argumentos y atender los reparos institucionales, no limitarse a reclamar que se rescate cada una de sus reformas. La discusión continúa. La reforma no quedó sepultada, pero tampoco salió intacta del examen constitucional. Ahora le corresponde al Congreso corregir lo que ordenó la Corte y al Gobierno informar al país, con cifras y decisiones concretas, qué significará esta ley para los futuros pensionados.
