Hay momentos en la política en los que las palabras dejan de ser discursos preparados y se convierten en advertencias públicas. Eso fue lo que ocurrió en San Andrés, donde el presidente Abelardo De la Espriella protagonizó un tenso intercambio con la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. La escena quedó registrada en video y puso sobre la mesa una pregunta que los habitantes del archipiélago merecen ver respondida: ¿qué ha pasado con los recursos destinados a resolver las necesidades de la isla?
El mandatario fue directo. Les manifestó que conocía lo que estaba ocurriendo con la contratación departamental, cuestionó la oposición a la intervención del Hospital Departamental y advirtió que no permitiría que los recursos enviados por su Gobierno terminaran desviados de sus verdaderos propósitos. Su frase más contundente resumió el mensaje: «A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración». Los hechos y las declaraciones fueron reportados este domingo 18 de octubre por distintos medios nacionales.
Y aquí hay un asunto que no admite distracciones: San Andrés no puede seguir siendo noticia por las dificultades de su hospital, las carencias de sus habitantes y las controversias alrededor del manejo de los dineros públicos. Es un territorio estratégico, un patrimonio natural de Colombia y el hogar de miles de ciudadanos que merecen servicios de salud dignos, infraestructura adecuada, seguridad y oportunidades. La situación hospitalaria es especialmente delicada. Los reportes periodísticos mencionan dificultades presupuestales, falta de insumos y retrasos en los pagos al personal médico. Frente a ese panorama, la intervención administrativa ordenada por las autoridades nacionales debe evaluarse por sus resultados: medicamentos disponibles, pacientes atendidos, trabajadores remunerados y recursos administrados con transparencia.
El presidente también lanzó señalamientos sobre presuntos vínculos del esposo de la representante con la contratación de la Gobernación y cuestionó actuaciones relacionadas con la intervención hospitalaria y la corporación ambiental Coralina. Es necesario precisar que esas manifestaciones corresponden a acusaciones públicas del mandatario y no equivalen, por sí mismas, a una condena judicial. Las personas señaladas tienen derecho a responder y los organismos competentes deben establecer las responsabilidades que correspondan. Pero esa precisión no reduce la gravedad del asunto. Por el contrario, eleva la exigencia: si el Gobierno tiene información sobre posibles irregularidades, debe entregarla a las autoridades competentes, respaldarla con pruebas y permitir que las investigaciones avancen hasta sus últimas consecuencias. De la Espriella aseguró que utilizará su autoridad para impedir que se pierda un peso de los recursos públicos. Esa promesa tiene que traducirse en auditorías, vigilancia contractual, publicación de resultados y seguimiento ciudadano. La transparencia no se demuestra únicamente frente a las cámaras; se acredita con documentos, decisiones legales y resultados verificables.
A la gobernadora y a la representante les corresponde responder con claridad sobre los asuntos cuestionados, explicar sus actuaciones y contribuir a que la crisis hospitalaria encuentre una solución. Las diferencias políticas no pueden estar por encima de los pacientes ni convertirse en obstáculos para una intervención que debe proteger el derecho a la salud. San Andrés necesita menos disputas por el poder y más resultados para su gente. Cada peso público tiene un destino y cada funcionario debe responder por sus decisiones. Ni el aislamiento geográfico puede servir de excusa para la falta de control ni la cortesía institucional puede convertirse en silencio ante posibles irregularidades. La advertencia presidencial ya quedó grabada. Ahora viene la parte verdaderamente importante: demostrar, mediante investigaciones serias y resultados concretos, si las denuncias tienen fundamento y quiénes deben responder. Porque la isla no pertenece a los políticos de turno. Pertenece a sus habitantes y forma parte de Colombia. Sus recursos no son patrimonio de particulares, sus instituciones no son feudos políticos y su hospital no puede seguir pagando las consecuencias de una administración deficiente. ¡San Andrés merece respeto, transparencia y justicia! Que las cámaras hayan registrado la advertencia es importante. Que los organismos de control esclarezcan los hechos y que cada peso llegue a quienes lo necesitan será la verdadera prueba.
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