El departamento de Sucre tiene desde ayer nuevo comandante de Policía. Este 28 de octubre, el coronel Aymer Freddy Alonso Triana deja el cargo por disposición del mando superior y se traslada al departamento de Santander, donde sabemos se desempeñará o igual o mejor de lo que hasta hoy en Sucre. En su reemplazo asume el también coronel Luis Fernado Burgos Mejia, quien recibe una institución con importantes retos en materia de seguridad y una región ganadera que reclama respuestas contundentes frente al abigeato, el carneo y otros delitos que golpean el patrimonio de quienes trabajan en el campo.
Coronel Aimer Fredy Alonso Triana, Comandante saliente Departamento de Policia Sucre
Desde este medio de comunicación y la coordinación de la estrategia SAGG, extendemos nuestro reconocimiento al coronel Alonso Triana por su trabajo, sacrificio, abnegación y compromiso con la seguridad de los sucreños. Más allá de las dificultades y los resultados que pudieron ser mejores, se marcha un oficial que deja la impresión de ser un gran ser humano y un excelente funcionario de Policía. Que se vaya con la tranquilidad de haber cumplido con su responsabilidad institucional. Sin embargo, su despedida coincide con un episodio que ha generado indignación, desconcierto y preocupación entre los ganaderos: la libertad de siete de las ocho personas capturadas en los operativos adelantados contra presuntos responsables de hechos de abigeato en Sucre y Bolívar. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre un gremio que durante meses ha padecido el robo de animales, el sacrificio clandestino de reses y las pérdidas económicas que amenazan el esfuerzo de toda una vida. Apenas se conocieron las capturas, muchos ganaderos sintieron que, finalmente, las investigaciones comenzaban a producir resultados concretos. Pero la expectativa se transformó en frustración.
La Policía investiga y captura; ahora corresponde esclarecer qué ocurrió en los estrados judiciales. De acuerdo con la información conocida, los investigadores de la SIJÍN desarrollaron durante meses labores de investigación que desembocaron en diligencias de allanamiento, capturas y la presentación de los señalados ante la administración de justicia. No sería justo desconocer el trabajo policial ni atribuir automáticamente a los uniformados la responsabilidad por las decisiones posteriores.
Pero tampoco sería responsable cerrar los ojos frente a las preguntas que deja este resultado. ¿Qué ocurrió durante las audiencias? ¿La Fiscalía sustentó adecuadamente las solicitudes con los elementos materiales probatorios disponibles? ¿Las decisiones judiciales estuvieron debidamente fundamentadas? ¿Se presentaron fallas en los procedimientos que deban ser investigadas?
Son interrogantes que merecen respuestas técnicas, no especulaciones ni condenas anticipadas. Como abogado penalista e investigador, asesor en seguridad para el gremio ganadero, considero necesario que se examine integralmente lo sucedido para establecer si hubo errores, omisiones o actuaciones que deban generar responsabilidades. La libertad de una persona no equivale, por sí sola, a demostrar su inocencia ni constituye automáticamente una prueba de negligencia judicial. Sin embargo, cuando una investigación de meses termina con un resultado que desconcierta a las víctimas, las autoridades tienen el deber de explicar, dentro de los límites legales, qué ocurrió y qué debe corregirse. El problema no se limita a una audiencia. En días anteriores, la directora seccional de la Fiscalía, doctora Liliana Torrente, anunció la asignación de un fiscal de apoyo y la priorización del delito de abigeato en el departamento. No obstante, los hechos delictivos han continuado.
Coronel Luis Fernando Burgos Mejia, Comandante Policia Sucre entrante
Para solo mencionar algunos casos, el hurto de 35 reses denunciado en la finca El Desastre, de Corozal, propiedad de Julio de la Ossa Jaraba, arreado por caminos y luego embarcado en santa rosa, vereda los Araujos cerca de moralito en jurisdicción de Sincé así como los casos de carneo reportados en sectores de Rovira, San Mateo y Providencia, en jurisdicción de San Pedro, y en áreas cercanas a Juan Arias, jurisdicción de Magangué, con incidencia en Buenavista, evidencian la dimensión territorial de una problemática que no reconoce fronteras municipales en Sucre. Los delincuentes no han detenido sus acciones y los productores siguen expuestos. Para un ganadero, perder decenas de animales no representa simplemente una cifra estadística: puede significar la desaparición de años de inversión, endeudamiento, trabajo familiar y sacrificio. Por eso, el relevo en el comando policial debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la coordinación entre la Policía, el Ejército, la Fiscalía, los jueces y las autoridades territoriales. Al coronel Luis Burgos le deseamos éxitos en esta nueva responsabilidad. Encontrará desafíos complejos, pero también un sector productivo dispuesto a colaborar con las instituciones dentro del marco de la ley.
Desde la estrategia SAGG (Seguridad y Apoyo al Gremio Ganadero) reiteramos nuestra disposición de contribuir al acercamiento entre los productores y la Fuerza Pública. Esta es una manifestación desde nuestro trabajo de articulación, no una representación oficial ni una vocería autorizada de todos los ganaderos de Sucre, pero si de una parte mayoritaria representada en los grupos creados y organizados hasta la fecha, en especial por los resultados obtenidos en materia de seguridad. La responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente sobre el productor, a quien se le exige denunciar, invertir en seguridad y soportar las pérdidas. El Estado debe garantizar prevención, investigación eficaz, judicialización rigurosa y decisiones fundamentadas en la ley.
La fiscalía general de la Nación debe revisar lo ocurrido, fortalecer la priorización anunciada y establecer si existen fallas que requieran correctivos. Al Gobierno nacional, incluido el señor presidente de la República, le corresponde impulsar una respuesta coordinada que no permita que el campo quede a merced de la delincuencia.
Coronel Aymer Fredy Alonso Triana, Sucre reconoce su servicio, coronel Luis Burgos, bienvenido al departamento. Pero al abigeato no se le combate únicamente con capturas: se le enfrenta con investigaciones sólidas, justicia eficaz y garantías para las víctimas. El interrogante que hoy se hacen los ganaderos es legítimo: ¿quién responde cuando el esfuerzo investigativo no se traduce en la protección que espera la ciudadanía? Que sean los hechos, las pruebas y las investigaciones correspondientes los que permitan establecerlo. Porque mientras las instituciones se preguntan qué falló, en las fincas de Sucre hay hombres y mujeres que siguen mirando sus corrales con incertidumbre. Y un Estado que no protege el fruto del trabajo campesino termina debilitando la confianza de quienes sostienen buena parte de la economía rural.
La seguridad del campo no puede depender de la suerte. Necesita instituciones coordinadas, justicia oportuna y resultados verificables. El ganadero no pide privilegios: exige que la ley funcione y que su patrimonio, construido con años de sacrificio, deje de estar a merced de los delincuentes
