La decisión deja sin efectos una medida provisional que limitaba las operaciones militares ante la presunta presencia de niños, niñas y adolescentes en los lugares de los ataques. Medicina Legal reportó ocho menores fallecidos durante el actual Gobierno.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo de tutela que restringía los bombardeos militares en zonas donde se presumía la presencia de menores de edad reclutados por grupos armados ilegales, según informó Blu Radio este 28 de octubre de 2026. Con esta decisión, el tribunal dejó sin efectos la medida provisional que condicionaba el desarrollo de estas operaciones militares cuando existían indicios de que niños, niñas y adolescentes podían encontrarse en los lugares previstos para los ataques. Tras conocerse la decisión judicial, el Gobierno nacional señaló que el pronunciamiento permite a las Fuerzas Militares continuar desarrollando sus capacidades operacionales, siempre dentro del marco constitucional y legal vigente.
En un comunicado, el Ejecutivo sostuvo que las operaciones deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Estas normas buscan diferenciar a la población civil de los objetivos militares y reducir los riesgos para las personas que no participan directamente en las hostilidades. El Gobierno también reiteró su compromiso con la protección de los menores víctimas del reclutamiento forzado y de la utilización por parte de organizaciones armadas ilegales. Según la Presidencia, estas prácticas constituyen graves violaciones de los derechos de la niñez y la adolescencia, por lo que su prevención y la atención integral de las víctimas continuarán siendo prioridades para las instituciones estatales.
Ocho menores fallecidos durante el actual Gobierno
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá se conoce en medio de la preocupación por la muerte de menores de edad en operaciones de la Fuerza Pública. De acuerdo con la información divulgada, el director de Medicina Legal confirmó que ocho menores han fallecido en operaciones militares durante el actual Gobierno. Además, en lo corrido de 2026, se contabilizan 17 menores muertos en estas circunstancias. Estas cifras mantienen abierto el debate sobre las condiciones en las que deben ejecutarse los bombardeos contra estructuras armadas ilegales, especialmente cuando existe la posibilidad de que entre sus integrantes haya niños, niñas y adolescentes reclutados. El caso plantea el desafío de compatibilizar las acciones militares del Estado con las obligaciones de protección de la población civil y, en particular, de los menores de edad. Aunque la decisión judicial permite continuar las operaciones bajo las normas vigentes, el Gobierno insistió en que la protección de la niñez debe mantenerse como una prioridad. La aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario será fundamental para prevenir nuevas afectaciones a menores en el marco del conflicto armado colombiano.
