Mas perorata, cero propuestas, otra victi ma bajo la misma estrategia, investigaciones amañadas. Que viene ahor: acaso tambien empezara con su mejor forma de buscar testigos?
Iván Cepeda parece tener una especialidad política: encontrar en los expedientes del pasado el combustible para sus confrontaciones del presente. Durante años, Álvaro Uribe Vélez fue el protagonista recurrente de sus debates, denuncias y batallas judiciales. Ahora, con el presidente Abelardo de la Espriella instalado en la Casa de Nariño, el senador del Pacto Histórico parece haber encontrado un nuevo objetivo para mantener encendido su discurso: el mandatario y hasta su entorno familiar.
El pasado 27 de octubre, durante un debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, Cepeda presentó documentos y lanzó nuevos señalamientos contra el presidente De la Espriella. Esta vez amplió el escenario: mencionó a su padre, el abogado Abelardo de la Espriella Juris, y puso bajo cuestionamiento negocios familiares, propiedades rurales y operaciones empresariales.
Uno de los asuntos centrales fue la finca Polonia, ubicada en La Mojana sucreña, adquirida en 2008 por Abelardo de la Espriella y su padre. Según Cepeda, dentro del predio existirían 60,9 hectáreas correspondientes a ciénagas, pantanos y playones de uso público, situación por la que solicitó la intervención de la Agencia Nacional de Tierras.
También cuestionó operaciones relacionadas con la finca Nueva Jerusalén, en Cesar, y la sociedad Dominio de la Espriella, vinculándolas con personas que, según sus investigaciones, tendrían antecedentes o relaciones con estructuras narcotraficantes y paramilitares. A partir de estos señalamientos anunció nuevas acciones judiciales. Son acusaciones graves que deben ser examinadas, pero conviene recordar algo elemental: presentar documentos en un debate no equivale a demostrar responsabilidad penal. Los señalados conservan su presunción de inocencia y corresponde a las autoridades verificar cada afirmación.
Ahora bien, la pregunta política es inevitable: ¿qué busca Cepeda con esta nueva ofensiva?
¿Está ejerciendo legítimamente su función de oposición y control político? Es una posibilidad perfectamente válida. ¿O pretende convertir cada debate parlamentario en una prolongación de la campaña presidencial que ya terminó? Esa es una discusión que también merece hacerse.
Porque hay una diferencia enorme entre investigar posibles irregularidades y convertir los señalamientos en sentencias anticipadas. La oposición es necesaria, pero también debe ser responsable. No basta con presentar una carpeta de documentos, ponerle un nombre llamativo a una supuesta estructura y esperar que la opinión pública dicte condenas antes que los jueces.
El propio ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió que las denuncias deben sustentarse con hechos, pruebas y normas jurídicas. Una posición que, en democracia, debería ser compartida por todos, independientemente del partido al que pertenezcan. Y aquí aparece otra contradicción que merece reflexión: Colombia necesita un Congreso que vigile al Ejecutivo, pero también necesita congresistas que expliquen sus propuestas para el país, sus alternativas económicas, sus planteamientos de seguridad y sus soluciones a los problemas sociales. La política no puede reducirse eternamente a perseguir adversarios en los archivos judiciales.
Cepeda tiene derecho a investigar, denunciar y controvertir. El presidente tiene derecho a defenderse. Y los colombianos tenemos derecho a conocer las pruebas, escuchar las explicaciones y exigir resultados. Si existen irregularidades en la adquisición de tierras, que se investiguen. Si hubo apropiación de bienes públicos, que se recuperen. Si hay relaciones comerciales ilícitas, que se demuestren y se sancionen. Pero que nadie pretenda utilizar la justicia como escenario de revancha política.
Al senador Cepeda le convendría recordar que el control político no consiste solamente en señalar al adversario. También exige rigor, responsabilidad y propuestas. Porque soltar a Uribe para agarrar a Abelardo puede cambiar el protagonista de la controversia, pero no necesariamente resolver los problemas de Colombia. Y mientras algunos parecen empeñados en vivir de expediente en expediente, el país sigue esperando que sus dirigentes se ocupen de gobernar, legislar y producir soluciones.
