Se ha hecho justicia, el señor Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega: Inocente ¡La justicia devuelve lo que el tiempo quiso arrebatar! Ahora que los verdaderos victimarios respondan, es una deuda pendiente.
Casi 41 años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, una nueva decisión judicial vuelve a poner sobre la mesa el nombre del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. Esta vez, un jurado federal en Florida, Estados Unidos, decidió de manera unánime que el oficial retirado no es civilmente responsable por los hechos relacionados con la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán. El veredicto se produjo después de un juicio de ocho días y más de tres horas de deliberación.
Hay una precisión jurídica que no puede perderse en medio de las pasiones: el proceso estadounidense fue civil, no penal. Por tanto, técnicamente el jurado determinó que Plazas Vega no debía responder civilmente por las reclamaciones formuladas en su contra. En Colombia, además, la Corte Suprema de Justicia ya había absuelto al coronel en 2015 de las acusaciones por desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda
Para quienes durante décadas hemos sostenido su inocencia, el fallo tiene una significación que trasciende un expediente judicial. Representa el cierre de otro capítulo de una larga batalla jurídica que marcó la vida de un militar que estuvo al frente de unidades comprometidas en la recuperación del Palacio de Justicia, tomado violentamente por el M-19 en noviembre de 1985. Plazas Vega ha sostenido que cumplió con su deber constitucional de recuperar el edificio, rescatar a los rehenes y restablecer el control institucional. Esa actuación, y las responsabilidades individuales derivadas de lo ocurrido durante y después de la operación, han sido objeto de investigaciones, controversias y decisiones judiciales durante décadas. Pero hay algo que el Estado de derecho no puede permitir: que las responsabilidades individuales se diluyan hasta terminar confundiendo a víctimas, victimarios, servidores públicos y combatientes; ni que una persona permanezca indefinidamente bajo sospecha cuando los tribunales competentes han producido decisiones favorables a su situación jurídica.
La justicia no puede funcionar con etiquetas políticas ni con relatos construidos a conveniencia. Debe hacerlo con pruebas, garantías procesales y decisiones judiciales. Por eso, este fallo merece ser leído con serenidad y rigor. No borra el dolor de las víctimas del Palacio de Justicia, ni resuelve automáticamente todos los interrogantes históricos que aún existen sobre aquellos acontecimientos. Pero sí establece algo concreto respecto de Plazas Vega en este proceso: el jurado no encontró responsabilidad civil atribuible al veterano militar por las reclamaciones sometidas a su consideración.
Hoy, quienes siempre creímos en su inocencia podemos decir que una nueva decisión judicial respalda esa convicción. Plazas Vega fue absuelto en Colombia y ahora ha recibido un veredicto unánime favorable en Estados Unidos. La justicia ha hablado en los escenarios donde correspondía hacerlo. Y cuando la justicia habla, incluso después de cuatro décadas, corresponde escucharla.
