El senador Iván Cepeda vuelve a ocupar el centro del debate nacional, esta vez por anunciar una acción de tutela contra el presidente Abelardo De La Espriella, argumentando que se habría vulnerado su derecho a la participación política porque, en su condición de congresista, no fue consultado sobre la presencia de tropas y aeronaves estadounidenses en territorio colombiano y sobre operaciones militares desarrolladas con Estados Unidos.
El anuncio fue hecho públicamente el 21 de septiembre. Cepeda sostuvo que no fue consultado sobre el ingreso y permanencia de personal extranjero y mencionó, entre otros hechos, el sobrevuelo de helicópteros UH-1Y Venom estadounidenses sobre Tumaco el 27 de agosto. La discusión jurídica tendrá que determinar si sus argumentos tienen sustento constitucional. Pero existe otra pregunta, política y moral, que merece ser planteada: ¿por qué tanta preocupación por la presencia de aeronaves estadounidenses y tan poca visibilidad frente a las agresiones que diariamente padecen soldados, policías y ciudadanos a manos de organizaciones armadas ilegales?
Colombia enfrenta estructuras criminales que secuestran, extorsionan, asesinan, reclutan menores, trafican drogas y utilizan explosivos y drones contra la Fuerza Pública. El propio Gobierno ha reportado operaciones recientes contra el ELN y otras organizaciones ilegales, así como rescates de personas secuestradas. En ese escenario, la cooperación internacional en seguridad no debería analizarse únicamente desde la controversia política. El presidente De La Espriella ha planteado públicamente una alianza estratégica con Estados Unidos para modernizar aviones, radares, helicópteros, drones, sistemas antidrones, inteligencia, movilidad y fuerzas especiales, dentro del denominado Plan Patriota Siglo XXI. Eso no significa que cualquier presencia extranjera quede por fuera del control constitucional. La soberanía nacional, las competencias del Congreso y los procedimientos previstos por la Constitución deben respetarse. Precisamente por eso, la discusión debe darse con documentos, normas y argumentos, no con consignas. Pero también resulta legítimo preguntar por las prioridades. Cuando un soldado es asesinado en cumplimiento de su deber, cuando policías permanecen secuestrados, cuando una familia espera el regreso de un uniformado y cuando las organizaciones criminales atacan territorios completos, la sociedad espera que quienes ejercen representación política también eleven su voz.
El problema no es que un senador ejerza control político o acuda a los jueces. Eso forma parte de la democracia. El problema aparece cuando la crítica a las operaciones de la Fuerza Pública parece adquirir mayor protagonismo que la condena pública de quienes atacan a la propia Fuerza Pública. Por eso la pregunta del título no pretende dictar una sentencia sobre Iván Cepeda. Es una pregunta política que él mismo debe responder con sus actuaciones: ¿está ejerciendo control democrático sobre el Gobierno o su discurso termina siendo funcional a los intereses de quienes combaten al Estado?
Colombia necesita oposición, necesita Congreso, necesita jueces independientes y necesita control institucional. Pero también necesita algo elemental: respaldar a quienes, dentro de la Constitución y la ley, tienen la misión de enfrentar a las organizaciones criminales. La seguridad nacional no puede convertirse en un escenario de doble moral. Ni la paz puede significar indiferencia frente a quienes asesinan, secuestran y extorsionan. Al final, la historia juzgará las posiciones de cada dirigente. Mientras tanto, los soldados y policías siguen poniendo el pecho por Colombia.
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
