Un oficio de la Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), puso nuevamente bajo la lupa el manejo de recursos públicos transferidos al municipio de Sincelejo. El documento, dirigido al alcalde Yahir Fernando Acuña Cardales y fechado el 17 de septiembre de 2026, solicita información detallada sobre la ejecución, legalización y manejo de $36.324.028.177, recursos que, de acuerdo con el oficio, fueron girados el pasado 24 de julio desde el Fondo de Inversión Colectiva hacia cuentas bancarias del municipio. La pregunta, por ahora, no es si el dinero llegó. El propio documento confirma que fue transferido. La pregunta que queda sobre la mesa es qué pasó con esos recursos, cuánto se ha ejecutado, en qué se ha gastado y cuánto permanece disponible.
La Fiduprevisora solicita a la administración municipal seis componentes de información: estado actual de ejecución, contratos o convenios celebrados con cargo a esos recursos, porcentaje de ejecución financiera y física, saldo disponible, rendimientos financieros generados y acciones adoptadas para garantizar la administración y trazabilidad del dinero. El requerimiento tiene especial relevancia porque se trata de recursos públicos destinados al sistema nacional de gestión del riesgo. La Ley 1523 de 2012 establece responsabilidades para las entidades territoriales receptoras en materia de administración y ejecución de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El contexto nacional tampoco es menor. El Gobierno ha venido exigiendo a los municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto información precisa sobre daños y necesidades para organizar la respuesta y recuperación. El presidente Abelardo de la Espriella había advertido que 204 municipios aún tenían pendiente entregar información y pidió a las autoridades nacionales acelerar ese proceso.
En Sincelejo, el Registro Único de Damnificados reportaba, con corte al 17 de septiembre, 614 familias y 2.011 personas registradas como afectadas, además de 515 viviendas averiadas, según un seguimiento basado en datos de la UNGRD. Por eso, el oficio adquiere una dimensión que supera una simple solicitud administrativa. Cuando se movilizan más de 36 mil millones de pesos, la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión cuál es su destino, cuáles contratos se han suscrito, qué obras o ayudas se han ejecutado y qué resultados concretos se han obtenido. Debe precisarse, eso sí, que el documento conocido no constituye por sí mismo una acusación de corrupción ni ordena explícitamente devolver el dinero. Lo que hace es requerir información sobre su ejecución, legalización, disponibilidad y control. Cualquier conclusión adicional tendría que surgir de la documentación que entregue la Alcaldía y de las verificaciones que realicen los organismos competentes.
La Alcaldía de Sincelejo ha presentado públicamente su administración como un gobierno orientado a la inversión social, infraestructura y seguridad, y ha resaltado en sus ejercicios de rendición de cuentas la importancia de la transparencia y el control ciudadano. Ahora corresponde pasar del discurso a los documentos: contrato por contrato, peso por peso y resultado por resultado. Porque cuando se trata de recursos destinados a atender necesidades públicas, la mejor respuesta no es política: es contable, documental y verificable.
