La imagen del presidente Abelardo de la Espriella recorriendo las calles de Santa Marta, acompañado por integrantes de la Fuerza Pública y con una pistola al cinto, ha generado polémica en algunos sectores políticos y entre sus opositores. Pero más allá de la fotografía, conviene preguntarse qué mensaje estaba transmitiendo el jefe de Estado en una ciudad sometida a las amenazas de un grupo criminal. ¿Acaso se pretendía que el presidente saliera a patrullar a mano limpia mientras los delincuentes amenazaban a los comerciantes, paralizaban actividades y pretendían imponer su voluntad sobre los ciudadanos?
Una pistola, en ese contexto, no tiene por qué interpretarse como una invitación al miedo. Puede entenderse como un elemento asociado a la protección y a la autoridad del Estado, particularmente cuando quien la porta está acompañando a quienes constitucionalmente tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el orden público.
La presencia del mandatario en Santa Marta no fue una visita protocolaria, tampoco fue de paseo a la playa. De la Espriella llegó después de una jornada marcada por amenazas y hechos violentos atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y su Gobierno ordenó reforzar el dispositivo de seguridad y militarizar la ciudad. Posteriormente, el propio presidente recorrió sectores de Santa Marta junto a la Fuerza Pública. Y aquí aparece lo verdaderamente importante: el Estado decidió estar presente.
Por tierra, mar y aire, la respuesta institucional buscó enviarle a Santa Marta un mensaje sencillo: los ciudadanos no están solos. Mientras algunos delincuentes pretendían convertir el miedo en mecanismo de control, la Fuerza Pública salió a las calles y el presidente decidió acompañarla. Eso también tiene un significado político y social. Los samarios que encontraron a su presidente caminando por sus barrios no necesariamente vieron una pistola. Muchos pudieron ver algo diferente: a un jefe de Estado que decidió acercarse a una comunidad precisamente cuando la intimidación criminal pretendía encerrarla en sus casas.
La discusión sobre la imagen puede ser legítima. En una democracia, cualquier actuación de un gobernante puede ser examinada y cuestionada. Pero tampoco debería perderse de vista el contexto. No era una celebración, una sesión fotográfica ni un acto electoral. Era una ciudad enfrentando una amenaza criminal y un Estado tratando de recuperar el control territorial. La autoridad democrática no puede confundirse con el abuso de la fuerza. La Fuerza Pública debe actuar siempre dentro de la Constitución, la ley y las reglas que regulan el uso legítimo de las armas. Precisamente por eso, la presencia de las instituciones resulta fundamental: para que la seguridad no dependa de los criminales, sino del Estado.
Santa Marta necesitaba sentir que Colombia estaba allí. Y ese mensaje, más que la pistola, fue el verdadero protagonista de aquella jornada: frente a la amenaza de los bandidos, el Estado no se escondió. Los criminales pueden amenazar, quemar vehículos, cerrar comercios o intentar sembrar miedo. Pero cuando la respuesta institucional es presencia, autoridad y protección ciudadana, queda claro que las calles pertenecen a la sociedad y no a quienes pretenden someterla mediante la violencia.
La pistola al cinto puede generar titulares. La presencia del presidente junto a la Fuerza Pública genera otra cosa: una señal de autoridad. Y en momentos en que una ciudad necesita recuperar la confianza, esa señal también cuenta.
