El caso que sacudió la campaña presidencial y puso en el centro de la controversia al entonces candidato Abelardo de la Espriella acaba de dar un giro radical.
David Murcia Guzmán, fundador de DMG y condenado por delitos relacionados con la captación masiva de dinero y lavado de activos, se retractó formalmente de los principales señalamientos que había formulado contra De la Espriella y llevó su nueva versión directamente a la Fiscalía General de la Nación. El documento fue radicado el 23 de septiembre ante la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal, dentro del proceso originado por la querella presentada por De la Espriella después de las declaraciones entregadas por Murcia en febrero de este año. Y aquí aparece el elemento que cambia completamente el escenario.
Murcia sostiene ahora que aquellas acusaciones no correspondían a hechos reales y afirma que estuvieron precedidas por expectativas provenientes de “sectores cercanos al Gobierno Nacional anterior”, relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad por esa vía. Es una afirmación gravísima que, por ahora, debe atribuirse exclusivamente a Murcia. El documento divulgado públicamente no establece que una persona determinada haya ordenado fabricar las acusaciones, ni existe hasta este momento una decisión judicial que haya establecido quiénes estarían detrás de esas supuestas recomendaciones. Pero el cambio de versión es indiscutible.
En febrero, Murcia había acusado públicamente a De la Espriella de haberse quedado con cerca de 5.000 millones de pesos y afirmó que el entonces candidato le había solicitado otros 760 millones para, según su versión de aquel momento, influir ante congresistas en un asunto relacionado con el transporte de dinero en efectivo. Ahora dice exactamente lo contrario.
Murcia manifestó ante la Fiscalía que De la Espriella “en ningún momento” le solicitó, insinuó o propuso dinero para ofrecer dádivas a congresistas o servidores públicos. También afirmó que los honorarios pagados al abogado correspondieron a servicios jurídicos efectivamente prestados y negó que hubiera existido apropiación indebida de recursos. También se retractó de la afirmación relacionada con los supuestos 5.000 millones de pesos y negó que De la Espriella se hubiera quedado con ese dinero. La pregunta inevitable es: ¿qué ocurrió entre febrero y septiembre para que una acusación pública de semejante gravedad terminara convertida en una retractación formal ante la Fiscalía? La respuesta que ofrece Murcia está en su propio memorial: asegura que su prolongada privación de la libertad y las expectativas relacionadas con una eventual condición de gestor de paz influyeron en su disposición para entregar aquellas declaraciones. Pero esa explicación también deberá ser examinada por las autoridades. Hay otro elemento que tampoco puede ignorarse.
En febrero, las acusaciones fueron difundidas públicamente durante una entrevista periodística con Daniel Coronell. Posteriormente, De la Espriella presentó una querella por las declaraciones de su antiguo abogado. Ahora, siete meses después, Murcia presenta una versión diametralmente opuesta y pide que su retractación sea incorporada al proceso. Por eso, el episodio ya no puede analizarse únicamente como una controversia entre un excliente y su antiguo abogado.
La nueva declaración abre preguntas sobre el contexto político en el que surgieron las acusaciones, las personas que pudieron haber tenido contacto con Murcia, las expectativas que (según él) le fueron planteadas y el eventual interés político que pudo existir alrededor de aquellas declaraciones. Pero esas preguntas tendrán que responderse con pruebas. Lo que hoy sí está documentado es que David Murcia Guzmán cambió su versión, se retractó formalmente ante la Fiscalía y afirmó que los señalamientos contra Abelardo de la Espriella no correspondían a hechos reales. El resto, incluida la eventual existencia de responsables detrás de aquellas acusaciones, tendrá que ser establecido por la investigación. Y ahí está la verdadera noticia: lo que comenzó como una grave denuncia contra un candidato presidencial terminó, meses después, con el propio denunciante retirando sus principales acusaciones y señalando que detrás de ellas hubo recomendaciones provenientes de sectores cercanos al Gobierno anterior. La Fiscalía tiene ahora la palabra.
