Hay preguntas que incomodan. Y hay preguntas que, cuando se hacen desde el Congreso de la República, terminan destapando una discusión que durante años parecía intocable. La pregunta es sencilla: ¿de dónde salen los famosos 12.000 comparecientes de las FARC que hoy vuelve a mencionar el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli?
El senador Enrique Gómez Martínez decidió meterle el dedo a la llaga en medio de la discusión sobre el multimillonario presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la pregunta merece una respuesta seria, documental y jurídica, no una respuesta política. Porque una cosa es hablar de 12.000 personas sometidas al sistema transicional, y otra muy distinta es presentarlas como si fueran 12.000 procesados por los crímenes más graves que están siendo juzgados por la JEP.
Las propias cifras oficiales de la jurisdicción permiten hacer la diferencia.
En su informe de gestión de 2025, la JEP reportó que, con corte al 31 de diciembre de ese año, había 73 exintegrantes de las FARC identificados como máximos responsables, asociados a 92 imputaciones. La diferencia existe porque una misma persona puede estar vinculada a más de un macrocaso. Entonces aparece la pregunta incómoda: ¿qué significa exactamente hablar de 12.000 comparecientes?
El propio concepto ha sido utilizado históricamente por la JEP para referirse a un universo mucho más amplio de personas sometidas al sistema. De hecho, desde años atrás se hablaba de más de 12.000 personas acogidas a la jurisdicción. Y aquí está el punto jurídico que no puede perderse de vista: estar sometido a la JEP, tener un acta de compromiso, haber recibido amnistía de iure o estar vinculado a un trámite no significa automáticamente ser un “máximo responsable” de crímenes de guerra o de lesa humanidad.
La propia JEP reporta además que 9.742 exintegrantes de las FARC suscribieron actas de compromiso, mientras miles de casos corresponden a tratamientos jurídicos distintos dentro del sistema transicional. Por eso, cuando el senador Gómez pregunta dónde están los otros miles, la respuesta no puede ser simplemente “están en la JEP”. Hay que explicar qué calidad jurídica tiene cada grupo, cuántos fueron amnistiados, cuántos están en reincorporación, cuántos tienen actuaciones judiciales activas, cuántos fueron remitidos a otras instancias y cuántos tienen realmente la condición de comparecientes vinculados a investigaciones por los crímenes más graves. Eso no es un asunto semántico. Es transparencia. Es presupuesto público. Es responsabilidad institucional. Y, sobre todo, es respeto por las víctimas. Aquí aparece el segundo gran problema: el dinero.
Mientras la justicia ordinaria lleva años reclamando más jueces, despachos, funcionarios y herramientas para atender su enorme carga procesal, la discusión sobre los recursos de la JEP ha llegado al Congreso con una pregunta elemental: ¿cuánto cuesta mantener una estructura de justicia transicional que fue concebida con una misión temporal y excepcional?
El senador Enrique Gómez propuso inicialmente trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de la JEP hacia la Rama Judicial, destinados a fortalecer despachos y capacidades de la justicia ordinaria. Y la discusión subió de temperatura. La ponencia del Presupuesto General de la Nación para 2027 planteó posteriormente un recorte de 170.000 millones de pesos a la JEP: 100.000 millones serían destinados a la justicia ordinaria y 70.000 millones al sector deporte, según reportó una cadena de radio nacional.
Ramelli respondió que con esa reducción la JEP quedaría “inoperante”. Pero precisamente allí es donde la discusión debe dejar de ser una guerra de comunicados y convertirse en una verdadera auditoría pública. Porque si la JEP necesita cientos de miles de millones de pesos para cumplir su mandato, los colombianos tienen derecho a conocer con precisión qué resultados judiciales concretos obtiene cada peso invertido. No basta decir que existen miles de víctimas acreditadas. No basta enumerar macrocasos. No basta decir que se han producido miles de decisiones.
La justicia se mide también por resultados, tiempos, decisiones ejecutoriadas, sanciones efectivamente cumplidas, verdad obtenida, reparación material y simbólica y garantías de no repetición. Y aquí viene el sarcasmo inevitable: ¡Qué maravilla de burocracia! Mientras otras instituciones del Estado cuentan monedas para pagar jueces, fiscales, investigadores y funcionarios, aparece una jurisdicción que parece tener una explicación para cada cifra, una clasificación para cada grupo y una categoría jurídica para cada pregunta incómoda. Y cuando alguien pregunta por los 12.000, la respuesta termina siendo una especie de sudoku jurídico. Que unos son comparecientes. Que otros son firmantes. Que otros recibieron amnistías. Que otros fueron vinculados a determinados trámites. Que otros están relacionados con macrocasos. Perfecto.
Pero entonces expliquémoslo con claridad. ¿Quiénes son los 12.000? Porque si son 12.000, que aparezca la trazabilidad.Y si no son 12.000 comparecientes en el sentido procesal que muchos colombianos entienden, entonces que se deje de utilizar una cifra que puede generar una percepción equivocada sobre el tamaño real de los procesos judiciales. Hay algo todavía más importante.
La Ley Estatutaria 1957 de 2019 estableció el régimen laboral y administrativo de la JEP, incluyendo que sus magistrados y servidores son funcionarios públicos sujetos a las reglas constitucionales y legales correspondientes. La norma también establece que la planta de personal debe responder a las necesidades de la jurisdicción y a criterios de cualificación, transparencia y función pública. Por eso, cuestionar el tamaño de la burocracia, sus contratos, sus gastos, su planta y sus resultados no constituye un ataque contra la justicia ni contra las víctimas. Por el contrario: es parte del control democrático sobre una institución financiada con recursos de todos los colombianos.
Eso sí: una cosa es denunciar presuntas irregularidades y otra es declarar probado un delito de corrupción sin investigación, prueba y decisión competente. Por eso la pregunta de fondo no es solamente dónde están los 12.000. La pregunta es mucho más grande:
¿Cuánto ha costado la JEP, qué ha producido jurídicamente, cuánto falta por hacer y cuál es la relación entre sus resultados y los recursos públicos que ha recibido?
Si la respuesta está en los documentos oficiales, que los publiquen completos. Si existen errores en las cifras, que los corrijan. Si existen exageraciones, que se expliquen. Y si existen irregularidades, que los organismos de control investiguen.
Porque en Colombia la justicia no puede convertirse en una caja negra con presupuesto público.
La JEP nació para enfrentar una de las páginas más dolorosas de nuestra historia. Precisamente por eso debe estar sometida a la máxima transparencia. Las víctimas merecen verdad. Los comparecientes merecen seguridad jurídica. Y los colombianos que pagan impuestos merecen saber qué se hace con cada peso.
Así que, magistrado Ramelli, senador Gómez, Congreso de la República y JEP: la pregunta queda sobre la mesa.
¿Dónde están los 12.000? Y si la cifra es correcta, expliquen jurídicamente qué significa. Porque en materia de justicia, señores, las cifras no pueden ser de goma: no pueden estirarse cuando sirven para defender el presupuesto y encogerse cuando toca explicar los resultados. Ahí está el verdadero debate. Y quizá, por fin, alguien decidió abrir la puerta del monstruo burocrático para mirar qué hay adentro.
