Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de nueve personas, entre ellas cinco uniformados activos, señalados de presuntamente colaborar con una estructura delincuencial que operaba en el noroccidente de Medellín.
El procedimiento, resultado de labores de inteligencia e investigación criminal, puso al descubierto una presunta red de corrupción que habría permitido a organizaciones dedicadas a actividades ilícitas mantener su operación mediante el pago de dinero a funcionarios encargados de ejercer labores de vigilancia y control en diferentes sectores de la capital antioqueña.
De acuerdo con la información conocida sobre el proceso, los cinco policías capturados habrían recibido pagos mensuales que oscilaban entre 3 y 4 millones de pesos, a cambio de presuntamente omitir procedimientos de control, requisas y patrullajes en determinadas zonas de servicio. Esta conducta, según los investigadores, habría generado condiciones favorables para que la estructura delincuencial continuara desarrollando sus actividades. Entre los nueve capturados se encuentra un hombre conocido con el alias de ‘Gordo’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización delincuencial denominada ‘Cotranal’. La estructura estaría relacionada principalmente con el cobro de extorsiones y la distribución de estupefacientes en sectores de los barrios Santander y Doce de Octubre.
Durante el mismo operativo fueron capturados otros presuntos integrantes identificados con los alias de ‘Mil House’, ‘El Caminante’ y ‘Alejo’, quienes, según la investigación, tendrían diferentes niveles de participación dentro de la organización. Las autoridades realizaron varias diligencias de allanamiento y registro, procedimientos durante los cuales fueron incautadas cuatro armas de fuego, 70 cartuchos de diferentes calibres, un computador y siete teléfonos celulares, estos últimos sometidos a los respectivos procedimientos de cadena de custodia para establecer si contienen información relacionada con las actividades investigadas.
También fueron encontrados más de 20 millones de pesos en efectivo, elemento que ahora hace parte del material que deberá ser analizado por los investigadores dentro del proceso judicial. Más allá de las capturas, el caso vuelve a poner en el centro del debate uno de los mayores desafíos para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana: la infiltración de estructuras criminales en organismos estatales. Cuando un funcionario encargado de prevenir el delito presuntamente recibe dinero para facilitarlo, no solamente se afecta la investigación de un caso particular. También se deteriora la confianza ciudadana, se debilita la capacidad operativa de la Fuerza Pública y se generan espacios de protección institucional para organizaciones que obtienen sus ingresos mediante actividades criminales.
Los nueve capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las actuaciones judiciales correspondientes. Según la información suministrada, los procesados deberán responder, en principio, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer. Será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad individual de cada uno de los procesados, bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.
El resultado operacional representa, en todo caso, un golpe a una estructura que, según la investigación, habría combinado delincuencia organizada y corrupción institucional para mantener el control de determinadas rentas ilícitas en el noroccidente de Medellín.
Vision Global Digital continuará haciendo seguimiento al proceso judicial y a los resultados de las investigaciones que permitan establecer el alcance real de esta presunta red de corrupción y sus posibles conexiones con otras estructuras criminales de la ciudad
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
