La frase del senador Alirio Barrera, “bandido es bandido, sea grande o chiquito”, volvió a poner sobre la mesa una discusión que Colombia no puede seguir aplazando: ¿hasta dónde debe llegar la protección especial de los menores de edad cuando estos participan en delitos de extrema gravedad?
El pronunciamiento del congresista del Centro Democrático se produjo tras conocerse que un menor estaría involucrado en el homicidio del exalcalde de Yopal, Jhon Calzones. Barrera pidió endurecer las sanciones para los adolescentes que participen en homicidios y cuestionó que la edad pueda convertirse, en determinados casos, en una barrera para una respuesta judicial más severa. No se trata de desconocer los derechos de los niños y adolescentes. Se trata de discutir si el actual modelo responde de manera suficiente cuando un menor participa en un crimen que destruye una vida, golpea a una familia y deja una comunidad marcada por la violencia.
Colombia tiene un Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que, por mandato de la Ley 1098 de 2006, aplica a quienes tienen entre 14 y 18 años y establece un tratamiento pedagógico, específico y diferenciado frente al sistema penal de adultos. Pero también es cierto que la legislación contempla privación de la libertad para adolescentes responsables de homicidio doloso, con sanciones de entre dos y ocho años en centros especializados. El debate volvió a cobrar fuerza después del asesinato de Miguel Uribe Turbay. El menor responsable del ataque fue sancionado con siete años de privación de la libertad. El proceso tuvo particularidades jurídicas: había aceptado cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas antes de que se produjera el fallecimiento, y posteriormente no fue posible modificar la acusación para incorporar el homicidio agravado debido a las reglas procesales aplicables al sistema de adolescentes.
Ahora, con el caso de Yopal nuevamente sobre la mesa, la pregunta regresa con fuerza: ¿la legislación colombiana está preparada para enfrentar a quienes utilizan adolescentes para ejecutar homicidios? Porque aquí existe otra realidad que tampoco puede ignorarse: los menores pueden ser víctimas de organizaciones criminales que los instrumentalizan. Por eso, la discusión no debería reducirse únicamente a pedir más años de sanción. El país necesita revisar integralmente el sistema: responsabilidad efectiva, justicia para las víctimas, prevención, resocialización y mecanismos contundentes contra los adultos y estructuras criminales que reclutan o utilizan menores para matar.
Una cosa es proteger al adolescente. Otra muy distinta es permitir que esa protección termine siendo aprovechada por quienes convierten a menores en instrumentos del crimen. La frase de Barrera es fuerte, polémica y deliberadamente provocadora. Pero detrás de ella existe una pregunta legítima que corresponde al Congreso, a la justicia y a la sociedad responder con seriedad: ¿cómo garantizar que la edad no se convierta en una puerta de entrada para la impunidad, sin sacrificar los principios de protección integral y debido proceso? Colombia necesita respuestas. Firmes, legales y eficaces. Porque detrás de cada expediente hay una víctima, una familia y una sociedad que reclama justicia.
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
