Este 2 de octubre se cumplen diez años de una de las jornadas electorales más trascendentales y controvertidas de la historia reciente de Colombia. Aquel domingo de 2016, los colombianos fueron convocados a decidir sobre el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. El resultado fue estrecho, pero inequívoco: el No obtuvo el 50,21 % de los votos y el Sí el 49,79 %, una diferencia cercana a 54.000 sufragios.
El plebiscito había sido presentado precisamente como el mecanismo para que el pueblo expresara su respaldo o rechazo a una decisión del Ejecutivo. La propia Registraduría define el plebiscito como la convocatoria mediante la cual el pueblo manifiesta su apoyo o rechazo a una determinación presidencial. Por eso, diez años después, permanece una pregunta incómoda: ¿qué ocurrió realmente con aquel NO?
Quienes votaron por esa opción consideraban que el acuerdo contenía elementos inconvenientes para el país, particularmente en materia de justicia, participación política y tratamiento a quienes habían cometido graves delitos. El resultado electoral no significó que Colombia rechazara la paz; significó que una mayoría de los votantes que participaron rechazó ese acuerdo en esos términos. Sin embargo, el acuerdo terminó siendo implementado después de una renegociación política que no sometió el nuevo texto a una nueva consulta popular. Para buena parte de los sectores que respaldaron el NO, aquello constituyó el desconocimiento de una decisión ciudadana que debía tener consecuencias políticas. Y aquí aparece una de las grandes fracturas de la derecha colombiana: frente a ese resultado, los partidos y sectores que se identificaban con posiciones de derecha no construyeron una defensa política unificada del mandato expresado en las urnas. Aquella división tendría consecuencias durante los años siguientes.
Una década después, tampoco resulta sencillo sostener que el acuerdo produjo la paz estable y duradera que se anunció. El desarme de las FARC redujo una confrontación, pero Colombia continuó enfrentando estructuras armadas y nuevas organizaciones surgidas, entre otros factores, de disidencias y dinámicas criminales posteriores. Las cifras sobre cocaína muestran otra dimensión del problema. La UNODC registró 48.000 hectáreas de coca en 2012. Para 2023 reportó 253.000 hectáreas, más de cinco veces aquella cifra. Tampoco puede ignorarse el costo institucional y económico del modelo construido después de La Habana. Solo la JEP recibió para 2025 una apropiación presupuestal de $737.232 millones, según sus propios informes financieros. Esto no significa desconocer que miles de excombatientes dejaron las armas ni que numerosas víctimas esperaban el fin de la confrontación. Significa preguntarse si el modelo escogido produjo los resultados prometidos y si el país obtuvo la justicia, reparación y seguridad que esperaba. Diez años después, el NO continúa siendo una advertencia política: los problemas que no se enfrentan a tiempo terminan convirtiéndose en heridas difíciles de sanar.
El debate no debería reducirse a quién ganó una elección. La verdadera discusión es si Colombia escuchó suficientemente a los ciudadanos que dijeron NO y si las decisiones adoptadas después corrigieron aquello que las urnas habían cuestionado. La historia, al final, no se escribe únicamente con discursos. También se escribe con resultados. Y esos resultados siguen abiertos al juicio de los colombianos.
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
