Una oferta de empleo puede terminar en Darfur. Los testimonios de excombatientes, menores sudaneses y sobrevivientes dibujan una ruta de reclutamiento que exige respuestas.
El contrato, según contó a Human Rights Watch un exmilitar colombiano, era para proteger infraestructura petrolera. Le ofrecieron 3.400 dólares al mes y un año de trabajo; dijo que no le informaron que viajaría a una zona de guerra. Terminó en Sudán. Su caso no representa todos los reclutamientos, pero muestra la distancia entre la promesa laboral y el destino real.
La ruta descrita por la organización empezaba en Colombia y pasaba por Emiratos Árabes Unidos. Desde allí, los contratistas podían llegar a Darfur a través de Libia, Somalia o Chad. Human Rights Watch documentó esos trayectos mediante entrevistas, documentos y material geolocalizado. La organización estimó que al menos 300 colombianos habían sido desplegados en Sudán desde 2024, cifra que atribuye a reportes periodísticos y fuentes consultadas. No es un registro completo de todos los colombianos que han partido ni de los que siguen desaparecidos.
En marzo de 2025, La Silla Vacía habló con exmilitares que regresaron de Sudán. Uno de ellos resumió su experiencia con una frase: “escaparon del infierno”. El medio reportó que los entrevistados describieron drones, morteros y operaciones junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), el grupo paramilitar que combate al ejército sudanés. También calculaban que cientos de colombianos habían llegado a ese frente. Son testimonios importantes, aunque sus estimaciones no equivalen a un censo verificado.
Meses después, una investigación de Associated Press recogió los relatos de seis jóvenes sudaneses que dijeron haber sido secuestrados y obligados a combatir con las RSF. Dos aseguraron que colombianos los entrenaron. Uno relató que, cuando tenía 15 años, lo sujetaban a un arma antiaérea montada en una camioneta y le ordenaban disparar contra aviones; otro dijo que lo instruyeron en artillería y drones y que lo golpeaban cuando se negaba a disparar. AP no pudo verificar de manera independiente esos testimonios, pero los publicó junto con entrevistas a otras fuentes y contexto documental. La advertencia no borra lo que los jóvenes relataron; delimita lo que se puede afirmar.
La versión institucional también debe quedar sobre la mesa. El Gobierno colombiano dijo a AP que no tiene información oficial que confirme que colombianos reclutaron o entrenaron niños en Sudán y condenó esos abusos. Emiratos Árabes Unidos negó tener vínculos con mercenarios o facilitar su traslado al conflicto. La RSF y el Gobierno sudanés no respondieron a las solicitudes de comentarios detallados de AP. Una crónica rigurosa no puede convertir una acusación en sentencia; tampoco debe esconderla cuando varios testimonios y una investigación independiente la ponen bajo escrutinio.
El Fasher ofrece otra imagen del problema. Human Rights Watch entrevistó a seis testigos que dijeron haber visto combatientes extranjeros que, por su aspecto y equipo, la organización cree que eran colombianos. Uno de los sobrevivientes contó que hombres armados extranjeros permanecieron en silencio mientras integrantes de las RSF separaban a hombres de mujeres y niños y disparaban contra detenidos. Otro dijo haber visto a esos combatientes cerca de un puesto de control donde ocurrieron ejecuciones. HRW encontró indicios de su presencia durante la toma de la ciudad, pero no afirmó que cada colombiano allí hubiera cometido personalmente esos crímenes. Esa precisión no suaviza el horror: señala quién hizo cada afirmación y hasta dónde llega la evidencia.
La dimensión excede Sudán. AP, citando a Naciones Unidas, informó que alrededor de 10.000 colombianos se habrían contratado para guerras en el extranjero, entre ellas las de Somalia, Ucrania y Sudán. La cifra no significa que todos estén desaparecidos ni que todos tengan el mismo papel. Sí retrata un mercado que encuentra personal con experiencia en un país marcado por décadas de conflicto interno y donde muchos veteranos enfrentan pensiones reducidas y pocas oportunidades civiles, factores señalados por AP.
Llamarlos a todos “mercenarios” tampoco resuelve el debate. El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que el término tiene una definición jurídica estricta y no se aplica automáticamente a cada empleado de una empresa militar privada. Pero el nombre del contrato no cambia la función que alguien cumple en el campo de batalla. Si una persona participa en hostilidades, entrena a menores o contribuye a operaciones donde se cometen abusos, esas actuaciones requieren investigación y responsabilidad individual.
Hay dos responsabilidades que el debate no debe confundir. La decisión de alistarse puede ser voluntaria; el engaño contractual, la desaparición, el impago o la participación en crímenes son asuntos distintos que deben probarse y juzgarse. Las familias tienen derecho a saber dónde están sus parientes y qué ocurrió con ellos. Los veteranos merecen alternativas de empleo que no los empujen hacia redes opacas. Y las agencias, intermediarios y financiadores deben responder por las condiciones y los destinos que ofrecen.
Colombia no inició la guerra de Sudán, pero su experiencia militar ya forma parte de ella. La pregunta final no es solo por qué tantos hombres aceptan irse: también es quién convierte su preparación en mercancía, quién se beneficia de ese traslado y qué hacen las autoridades para que una promesa de trabajo no termine en una fosa sin nombre.
