Una denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría cuestiona la entrega de dos plataformas digitales financiadas con recursos del BID. La resolución firmada por Antonio Sanguino el 6 de agosto declaró concluidos los desarrollos, pero la actual administración asegura haber encontrado fallas que comprometerían su funcionamiento.
Cerca de US$25 millones destinados a modernizar los servicios digitales del Ministerio del Trabajo están en el centro de una controversia que podría derivar en responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales. El caso involucra a Siemplea, una plataforma de intermediación laboral, y CualifiCO, diseñada para facilitar consultas sobre formación y cualificaciones laborales. La actual administración denunció presuntas irregularidades después de encontrar, según los reportes divulgados, módulos incompletos, problemas técnicos y funcionalidades que no operarían como estaba previsto. El cuestionamiento central es contundente: ¿cómo se certificó la entrega de los sistemas si posteriormente se reportaron fallas que comprometerían su operación? La controversia apunta a una resolución firmada el 6 de agosto de 2026 por el entonces ministro Antonio Sanguino, mediante la cual se dio por concluido el desarrollo de las plataformas y se dispuso su paso a la operación ordinaria. La nueva administración sostiene que los hallazgos técnicos posteriores no coinciden con esa certificación.
El secretario general del Ministerio, Eduardo Pineda Arrieta, presentó una denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que se investiguen las posibles irregularidades y se establezca si hubo incumplimientos contractuales, faltas disciplinarias o daño al patrimonio público. Sanguino, por su parte, ha defendido el proceso y señalado que el proyecto se originó durante el gobierno de Iván Duque y que el cierre se realizó con validación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los recursos señalados incluyen un crédito de US$20 millones del BID y cerca de US$5,1 millones en cooperación no reembolsable, según los reportes publicados. Sin embargo, la denuncia no demuestra que el dinero haya sido robado o desaparecido. Lo que debe esclarecerse es cuánto se desembolsó, qué productos se entregaron, quién certificó su cumplimiento y si las plataformas corresponden a lo contratado y pagado.
La Fiscalía deberá determinar si existen conductas delictivas; la Procuraduría, posibles faltas disciplinarias; y la Contraloría, un eventual perjuicio fiscal. El fondo del caso va más allá del enfrentamiento político: se trata de establecer si millones de dólares destinados a mejorar los servicios de empleo y formación laboral produjeron resultados reales o financiaron herramientas que no cumplen su propósito.
La pregunta que ahora exige respuestas documentadas es simple: qué recibió el Estado a cambio de esos recursos y quién tendrá que responder si se comprueba que los sistemas fueron certificados sin cumplir lo pactado.
