Sucre y Córdoba tienen hoy un desafío que no admite distracciones: garantizar la seguridad de quienes viven, trabajan y producen en el territorio.
En las últimas semanas, la seguridad rural ha vuelto a ocupar un lugar central en la conversación regional. Ganaderos, campesinos y comerciantes siguen reclamando mayor presencia institucional frente a fenómenos como la extorsión, el abigeato, el hurto y las amenazas de estructuras criminales. Y aquí hay que hablar claro: el productor rural no puede trabajar con miedo. La situación tampoco puede reducirse a una discusión política entre gobiernos, alcaldes, gobernadores o funcionarios. El ciudadano espera resultados. Quiere que su finca sea segura, que sus animales no sean robados, que su negocio pueda funcionar y que denunciar no termine convirtiéndose en un riesgo adicional.
En este contexto resulta importante recordar que la Armada Nacional informó en mayo pasado la captura, en Corozal, de Javier Barrios Arrieta, alias ‘Pluma Blanca’, señalado de coordinar actividades relacionadas con extorsión, corrupción y tráfico de armas, además de mantener una estructura vinculada con rentas ilícitas en Sucre y Córdoba.
Ese antecedente demuestra que las organizaciones criminales no entienden de fronteras departamentales. Operan donde encuentran oportunidades, aprovechan las zonas rurales, buscan intimidar a los productores y pretenden convertir el miedo en una fuente permanente de ingresos. Por eso la respuesta tampoco puede ser fragmentada.
Sucre y Córdoba necesitan una estrategia regional de seguridad que articule Ejército, Armada, Policía, Fiscalía, autoridades departamentales y municipales, pero que también incorpore a los gremios productivos y a las comunidades. La información ciudadana es fundamental. El ganadero que alerta, el campesino que informa y el comerciante que denuncia están ayudando a proteger el territorio. Pero esa confianza solamente se mantiene cuando las instituciones responden con resultados.
También debemos reconocer el esfuerzo de nuestra Fuerza Pública. Hay hombres y mujeres que diariamente patrullan carreteras, corregimientos, ríos, zonas rurales y centros urbanos. Lo que corresponde ahora es fortalecer sus capacidades, mejorar la inteligencia y acelerar la judicialización de quienes delinquen. Porque una captura sin investigación, sin judicialización efectiva y sin una justicia que funcione puede convertirse simplemente en una estadística. Sucre y Córdoba no necesitan discursos sobre seguridad. Necesitan seguridad real. Necesitan que el campesino pueda dormir tranquilo, que el ganadero pueda llevar sus animales al mercado, que el comerciante pueda abrir su negocio y que cualquier ciudadano pueda transitar por nuestras carreteras sin sentir que está abandonado.
La seguridad no es de izquierda ni de derecha. La seguridad es un derecho. Y garantizarla es una obligación irrenunciable del Estado
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
