La Fiscalía ordenó una inspección documental en la administración municipal. Los expedientes serán asumidos por la Dirección Especializada contra la Corrupción. El alcalde Yahir Acuña continúa amparado por la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.
Sincelejo, Sucre. La Alcaldía de Sincelejo vuelve a quedar bajo el escrutinio judicial. Investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional realizaron una inspección en las instalaciones de la administración municipal para recopilar documentos y contratos que serán examinados dentro de investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación pública. La actuación, ordenada por la fiscalía general de la Nación, fue reportada este jueves 15 de octubre por los medios nacionales Semana y El Heraldo. Según estas publicaciones, las diligencias comenzaron el martes 13 de octubre y tienen como propósito fortalecer el material probatorio de los expedientes en curso. El procedimiento adquiere especial relevancia porque coincide con una decisión de la Fiscalía de trasladar cuatro investigaciones relacionadas con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, a la Dirección Especializada contra la Corrupción, en Bogotá. No se trata de un simple movimiento administrativo: los expedientes pasarán a una dependencia especializada que deberá examinar los elementos disponibles, orientar las actuaciones investigativas y determinar si existen fundamentos para avanzar hacia eventuales imputaciones.
Cuatro expedientes cambian de despacho De acuerdo con la información publicada por Semana y El Heraldo, una resolución de la Fiscalía dispuso la reasignación de cuatro de los seis procesos que, según esos reportes, se adelantan contra el mandatario local. Los expedientes estaban a cargo de la dependencia de Seguridad Territorial en Sucre y pasarán a la Dirección Especializada contra la Corrupción, en Bogotá. La determinación fue atribuida al despacho del vicefiscal general de la Nación. El cambio de asignación busca que las actuaciones sean asumidas por fiscales especializados. Entre los asuntos señalados por la prensa se encuentran cuestionamientos relacionados con la contratación pública y el manejo de recursos municipales. La decisión no constituye una declaración de culpabilidad ni significa que todos los hechos denunciados estén demostrados. Corresponderá a las autoridades establecer qué ocurrió, si hubo conductas contrarias a la ley y quiénes serían responsables.
Los documentos, bajo examen. La inspección en la sede de la Alcaldía tiene como objetivo recopilar soportes contractuales que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados. La documentación deberá ser analizada por los funcionarios competentes para determinar su pertinencia y valor probatorio. Es importante precisar que la información publicada identifica a la Dijín, no a la Sijín, como la unidad policial que intervino en la diligencia. Asimismo, los reportes hablan de una inspección para recopilar documentos; por eso, no debe afirmarse que hubo capturas, imputaciones o incautaciones específicas sin confirmación oficial. Hasta el momento, la información consultada no permite establecer que la inspección haya producido una decisión judicial definitiva ni que se hayan formulado nuevos cargos como consecuencia directa de ella.
La exigencia ciudadana: claridad sobre los recursos públicos. Lo ocurrido plantea una exigencia legítima para la ciudadanía de Sincelejo: conocer la verdad sobre el manejo de los recursos públicos y el desarrollo de los contratos municipales. Cuando una administración queda bajo investigación, la respuesta institucional debe ser transparente, respetuosa de la justicia y respaldada por información verificable. La ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados de las actuaciones, sin que la divulgación de sospechas sustituya las pruebas ni el debido proceso. El caso continuará bajo seguimiento mientras la Fiscalía examina los documentos y define los pasos correspondientes. También será relevante conocer los pronunciamientos oficiales de la entidad investigadora y de la Alcaldía frente a estas actuaciones.
La conclusión periodística, por ahora, es concreta: hubo una inspección documental reportada por medios nacionales y cuatro investigaciones fueron reasignadas a la unidad anticorrupción en Bogotá. Lo que todavía debe establecer la justicia es si los elementos recopilados permiten sustentar responsabilidades penales.
Visión Global Digital seguirá informando sobre el desarrollo de este caso, con rigor, independencia y respeto por la presunción de inocencia. En asuntos que comprometen la administración de los recursos públicos, la verdad no puede reemplazarse por rumores, pero tampoco debe ocultarse detrás del silencio institucional.
