Operación conjunta de Ejército, Armada, Policía y Fiscalía permitió intervenir seis unidades de producción minera en Tierralta y ocupar maquinaria en Morroa. Las autoridades investigan presuntos vínculos con el Clan del Golfo.
Sincelejo, Sucre. Un contundente resultado operacional contra las economías ilícitas se registró en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde la Fuerza Pública capturó en flagrancia a ocho personas e intervino maquinaria y equipos presuntamente utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros. De acuerdo con el balance oficial, las acciones representan una afectación económica estimada en $502 millones y un impacto sobre una capacidad de producción ilegal calculada en $265 millones diarios. El operativo fue desarrollado de manera conjunta, coordinada e interinstitucional por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional; unidades del Batallón de Infantería de Marina N.° 14 de la Armada de Colombia; la Seccional de Carabineros de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
Intervención en el río Sinú: un resultado de especial relevancia. Uno de los resultados más significativos se produjo en el corregimiento Volador, jurisdicción del municipio de Tierralta, Córdoba, donde las autoridades intervinieron seis unidades de producción minera que, según la información oficial, estarían presuntamente relacionadas con las economías ilícitas de la subestructura Javier Yepes Cantero, del grupo armado organizado Clan del Golfo. Durante esta operación fueron inutilizados de manera controlada dos equipos conocidos como dragones y cuatro dragas tipo buzo. Asimismo, se incautaron tres motobombas y fueron capturadas dos personas que, al parecer, estarían vinculadas con estas actividades.
El Ejército destacó que se trataría de las primeras unidades de producción minera de esta naturaleza reportadas en el río Sinú, un hecho relevante para las labores de control territorial y protección ambiental en una de las principales fuentes hídricas de Córdoba. La explotación minera ilícita puede ocasionar graves consecuencias sobre los ecosistemas acuáticos, deteriorar los cauces, afectar la calidad del agua y comprometer los recursos naturales de los que dependen las comunidades. Por ello, la intervención de estos equipos representa una acción dirigida no solo contra una actividad económica ilegal, sino también contra sus potenciales efectos ambientales.
Morroa, Sucre, también fue escenario de las operacionesLa ofensiva se extendió al municipio de Morroa, en el departamento de Sucre. Allí fueron capturadas otras seis personas y se inmovilizaron dos unidades de maquinaria amarilla que, de acuerdo con las autoridades, estarían presuntamente relacionadas con actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros al servicio del Clan del Golfo. Con este resultado, el número total de capturados en las dos operaciones ascendió a ocho. Tanto las personas detenidas como los elementos incautados e inmovilizados quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los respectivos procedimientos judiciales.
Golpe a las finanzas de las economías ilegales. El balance operacional reporta una afectación estimada en $502 millones, representada en maquinaria y equipos, además de una reducción de la capacidad de producción diaria calculada en $265 millones. Estas cifras reflejan la dimensión económica que, según la información institucional, tendrían las actividades intervenidas y el alcance del golpe a las presuntas fuentes de financiación ilegal investigadas por las autoridades. La operación también pone de relieve la importancia de la coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía para identificar, intervenir y judicializar actividades que pueden generar recursos para estructuras armadas ilegales y causar daños al patrimonio ambiental.
El Ejército Nacional anunció que continuará desarrollando operaciones conjuntas en Córdoba y Sucre para combatir las economías ilícitas, proteger los recursos naturales y debilitar las capacidades financieras de los grupos armados organizados. La ofensiva deja un mensaje claro: la lucha contra las economías ilegales también se libra sobre los ríos, los territorios rurales y los recursos naturales. En Córdoba y Sucre, el desafío será mantener la presión institucional, prevenir la reactivación de estas actividades y garantizar que las investigaciones permitan establecer las responsabilidades individuales correspondientes
