Hay procesos judiciales que, por la gravedad de los hechos investigados y por la dimensión pública de quienes aparecen vinculados, terminan trascendiendo los expedientes para convertirse en asuntos de interés nacional. El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez es uno de ellos.
Hay procesos judiciales que, por la gravedad de los hechos investigados y por la dimensión pública de quienes aparecen vinculados, terminan trascendiendo los expedientes para convertirse en asuntos de interés nacional. El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez es uno de ellos.
Este domingo, Uribe volvió a pronunciarse sobre la investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de los noventa, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. La Fiscalía adelanta las actuaciones para establecer si existió alguna responsabilidad del exmandatario en esos hechos. Su mensaje fue directo: pidió que la justicia defina su situación y manifestó que prefiere una absolución o una condena antes que permanecer en lo que denominó un “limbo reputacional”. También sostuvo que, si hubiera sido paramilitar, lo habría sido “de frente”, y reiteró su inocencia. Más allá de las posiciones políticas que durante años han rodeado a Álvaro Uribe, existe aquí una discusión estrictamente institucional que merece atención: ¿cuánto tiempo puede permanecer una investigación abierta sin una decisión definitiva?
El expediente ha tenido una historia extensa. Según la información publicada por El País, la investigación fue asumida por la Fiscalía en el año 2000, pasó a la Corte Suprema cuando Uribe llegó al Senado y regresó a la Fiscalía después de su renuncia a la curul. En los últimos años volvió a tomar impulso y el expresidente rindió indagatoria ante la Fiscalía en septiembre de 2026. Ahora existe, además, una discusión sobre quién tiene la competencia para continuar con el expediente. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara reclamó el conocimiento del caso, mientras la Fiscalía ha venido adelantando las actuaciones. El conflicto deberá ser resuelto por la Corte Constitucional. Y aquí está uno de los puntos esenciales: la búsqueda de justicia no puede confundirse con una condena anticipada, pero tampoco puede convertirse en una investigación indefinida que mantenga sobre una persona una acusación sin desenlace.
Las víctimas de La Granja, El Aro y los demás hechos investigados tienen derecho a la verdad, a la justicia y a conocer una decisión de las autoridades competentes. Pero el investigado también tiene derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a que su situación jurídica sea definida dentro de los términos establecidos por la ley.
Uribe ha dicho que respetará la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre el conflicto de competencias y que continuará atendiendo los llamados de la justicia. Ahora corresponde a las instituciones hacer su parte. Colombia no necesita procesos convertidos en interminables capítulos de confrontación política. Necesita decisiones judiciales sustentadas en pruebas, procedimientos y derecho. Si existen responsabilidades, deberán establecerse con rigor y sancionarse conforme a la ley. Si no existen, deberá declararse la absolución correspondiente.
La justicia no puede ser instrumento de revancha ni escenario de privilegios. Debe ser, sencillamente, justicia.
