La compra de los 17 aviones de combate Gripen E/F para la Fuerza Aeroespacial Colombiana entró en una nueva etapa de controversia. Una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicita suspender provisionalmente la ejecución del contrato con la empresa sueca Saab y detener los desembolsos, giros y actuaciones presupuestales relacionadas con la operación, mientras se esclarece públicamente cómo será financiada y cuál será su costo financiero total.
La precisión es necesaria: por ahora no existe una decisión judicial que haya congelado la compra. Lo que existe es una solicitud de medida cautelar que deberá ser estudiada por el Tribunal. El recurso fue presentado por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez contra varias entidades, entre ellas la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia. El cuestionamiento no está dirigido principalmente contra el avión Gripen como sistema de defensa, sino contra la información financiera y presupuestal de una operación cuyo valor contractual fue establecido en 3.135,5 millones de euros, mientras que la programación presupuestal colombiana contempla recursos por alrededor de 16,5 billones de pesos. Saab confirmó oficialmente que el contrato comprende 17 aeronaves (15 Gripen E y dos Gripen F), además de armamento, equipos, entrenamiento y servicios, con entregas previstas entre 2026 y 2032.
El punto que ahora adquiere especial relevancia es la financiación. Durante el proceso de empalme de 2026, el Ministerio de Defensa reconoció que la estructuración de un Conpes de crédito todavía no estaba culminada. Un informe conocido por CAMBIO señaló que, con corte al 30 de junio, el documento registraba un avance del 70 % y permanecía en validación jurídica del Departamento Nacional de Planeación. El mismo informe advertía sobre la necesidad de asegurar mecanismos de financiación para cumplir las obligaciones contractuales hasta 2032.
La discusión tampoco comenzó con esta demanda. El proyecto de renovación de los Kfir llevaba años sobre la mesa y finalmente tomó forma institucional durante 2025. El Conpes 4155 declaró de importancia estratégica el programa y las vigencias futuras permitieron respaldar su ejecución. Posteriormente, el Gobierno suscribió el contrato con Saab en noviembre de ese año. Además, en enero de 2026 la Contraloría informó que había inspeccionado la documentación del proceso y señaló que tuvo acceso a la información relacionada con la negociación y estructuración contractual. El organismo indicó que el acuerdo contempla aeronaves nuevas, entrenamiento, soporte logístico y armamento, con un techo presupuestal de 16,5 billones de pesos. Sin embargo, una cosa es que exista respaldo contractual, presupuestal y fiscal para una adquisición estratégica y otra que desaparezca el deber de explicar a los ciudadanos cómo se pagará finalmente la obligación. Ese es precisamente el núcleo de la controversia judicial. El demandante pide conocer el mecanismo de financiación, los intereses proyectados, el costo financiero total, el cronograma de desembolsos y los soportes presupuestales. La FAC y el Ministerio de Defensa han invocado razones de seguridad y defensa nacional para mantener bajo reserva parte de la información solicitada. La demanda cuestiona que esa reserva pueda extenderse de manera general a información estrictamente financiera o presupuestal.
Una decisión estratégica que exige transparencia. Colombia necesita una capacidad de defensa aérea moderna. El envejecimiento de los Kfir convirtió durante años el reemplazo de esa flota en una necesidad estratégica. Pero la seguridad nacional y la transparencia fiscal no son conceptos incompatibles.
El país puede proteger la información operacional sensible de sus sistemas de defensa y, al mismo tiempo, explicar a la ciudadanía cuánto costará la operación, cuáles serán sus condiciones financieras, qué compromisos asumirán los presupuestos futuros y bajo qué controles se ejecutará el contrato.
La acción popular, por tanto, plantea una discusión que va más allá de los Gripen: ¿hasta dónde llega la reserva por seguridad nacional cuando están comprometidos recursos públicos de enorme magnitud? La respuesta deberá darla la justicia, pero el principio debería ser claro: defender el espacio aéreo colombiano requiere aviones modernos; defender el patrimonio público exige cuentas claras.
El contrato está firmado y su ejecución continúa. Ahora será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el encargado de determinar si procede la medida cautelar solicitada y qué alcance debe tener la información que las entidades estatales están obligadas a entregar. Mientras tanto, la sociedad colombiana tiene derecho a conocer no solamente qué aviones compró el Estado, sino también cómo piensa pagarlos y cuánto terminará costándole al país esa decision.
