Hay incendios que consumen bosques, viviendas y ecosistemas. Y hay otros que, aunque no producen humo, terminan quemando algo mucho más peligroso: la credibilidad de quienes durante años se autoproclamaron propietarios exclusivos de la indignación nacional.
El incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, en Boyacá, puso nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿la indignación política funciona igual cuando el protagonista pertenece a la izquierda o cuando pertenece a sectores que esa misma izquierda cuestiona? Porque cuando un funcionario que no es de su cuerda política aparece de vacaciones, de paseo o simplemente lejos de su despacho en medio de una emergencia, las redes sociales se incendian más rápido que un pajonal en temporada seca. Aparecen los memes, los trinos, los comunicados, los indignados profesionales y hasta los especialistas de última hora en gestión del riesgo. Pero cuando el funcionario pertenece al sector político amigo, curiosamente aparece otro fenómeno meteorológico: una densa niebla de silencio. Y ahí está el verdadero problema.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ha sido objeto de cuestionamientos en redes sociales por un presunto desplazamiento a Riohacha, La Guajira, mientras Villa de Leyva enfrentaba una emergencia forestal. Las versiones difundidas públicamente generaron críticas sobre su presencia y liderazgo durante la crisis. Al mismo tiempo, está documentado que, una vez avanzada la emergencia, el gobernador solicitó al Gobierno Nacional más helicópteros, maquinaria y personal para enfrentar el incendio. Entonces, que cada quien saque sus conclusiones. Pero lo que sí resulta difícil de entender es el silencio selectivo de quienes suelen convertir cualquier desplazamiento de un funcionario público en una especie de juicio político universal.
¿Dónde están los indignados?
¿Dónde están los fiscales de Twitter?
¿Dónde están los que descubren una tragedia institucional porque un mandatario se toma una fotografía fuera de su despacho?
¿Dónde están los que, ante cualquier funcionario de derecha, preguntan inmediatamente: “¿Dónde estaba mientras su pueblo sufría?”?
¡Qué misterio!
Parece que algunos tienen una indignación con GPS: funciona perfectamente cuando apunta hacia la derecha, pero pierde señal cuando la dirección conduce hacia la izquierda. Y eso, señores, tiene un nombre muy sencillo: doble moral política. No se trata de afirmar que un gobernador tenga prohibido salir de su departamento. Tampoco significa que la presencia física del mandatario sea, por sí sola, la solución de una emergencia. Un incendio forestal requiere bomberos, maquinaria, aeronaves, coordinación institucional, recursos y capacidad operativa. De hecho, las autoridades reportaron el despliegue de personal y medios aéreos para enfrentar la emergencia en Villa de Leyva.
El asunto es otro. Es la coherencia.
Porque si durante años se nos ha enseñado que la responsabilidad política exige estar al frente de las crisis, entonces ese principio debería aplicarse a todos. No puede existir una vara para medir a un gobernador de derecha y otra completamente diferente para medir a uno de izquierda.
La democracia no funciona con descuentos por afiliación ideológica. Si un mandatario de derecha se va de paseo mientras arde su departamento, será noticia. Si uno de izquierda hace exactamente lo mismo, también debería serlo. Y si ninguno de los dos incurre en una conducta reprochable porque su presencia no era indispensable y dejó funcionando un dispositivo institucional adecuado, entonces también habrá que decirlo. Eso se llama periodismo. Lo contrario es militancia disfrazada de información. Y aquí es donde algunos parecen confundirse. Criticar a un funcionario público no significa pertenecer a la oposición. Defenderlo tampoco debería convertir a nadie automáticamente en oficialista. El verdadero periodismo debería ser capaz de incomodar al amigo y al adversario.
Pero en Colombia todavía hay quienes practican una modalidad bastante curiosa de democracia: la libertad de expresión para los propios y la cancelación moral para los demás. Cuando el gobernador pertenece a un sector político determinado, cualquier cuestionamiento se presenta como persecución. Cuando el cuestionado pertenece al adversario, entonces sí aparece la palabra “responsabilidad”.
¡Qué conveniente!
Mientras tanto, Villa de Leyva arde. El IDEAM ha advertido sobre un aumento de las alertas por incendios de cobertura vegetal y reportó condiciones de amenaza en numerosos municipios del país. Ese debería ser el verdadero centro de la discusión. No quién gana una pelea en X. No quién consigue más “likes”. No quién fabrica el meme más venenoso. La discusión debería ser si los gobernantes, independientemente de su ideología, tienen la obligación de responder oportunamente ante las emergencias; si los departamentos cuentan con capacidad suficiente para enfrentar incendios de esta magnitud; si existen recursos adecuados para prevención y reacción; y si los ciudadanos reciben explicaciones claras cuando aparecen circunstancias que generan dudas. Y, sobre todo, debería existir una regla elemental: la misma exigencia para todos. Porque si la izquierda exige explicaciones cuando gobierna la derecha, está en todo su derecho. Pero tendrá que aceptar que esa misma exigencia también puede aplicarse a sus gobernantes.
No hay democracia sin control. No hay periodismo sin preguntas. Y no hay credibilidad cuando la indignación depende del color político del personaje cuestionado. Así que, mientras unos buscan agua para apagar el incendio de Villa de Leyva, otros deberían empezar a buscar agua para apagar el fuego de la doble moral. Aunque, pensándolo bien, quizá sea demasiado tarde. Porque para algunos políticos y activistas la manguera de la coherencia parece llevar años desconectada.
La vara debe ser la misma para todos: para el que gobierna desde la derecha, para el que gobierna desde la izquierda y para cualquiera que tenga en sus manos recursos y responsabilidades públicas.
La emergencia no tiene ideología. El fuego tampoco. Y la responsabilidad política, mucho menos
