La ganadería colombiana atraviesa uno de esos momentos en los que no basta con mirar las cifras de producción, los precios del ganado o el comportamiento de los mercados. Hay una preocupación que está por encima de cualquier indicador económico: la seguridad de quienes producen, trabajan y viven en el campo.
El ganadero necesita poder llegar a su finca, recorrer sus potreros, movilizar sus animales y regresar a su hogar con la tranquilidad de que su esfuerzo de años no está en manos de delincuentes. El abigeato, el carneo, la extorsión, las amenazas, el hurto a fincas y otros hechos de inseguridad no solamente representan pérdidas económicas; también generan temor, afectan la inversión y debilitan la confianza de quienes sostienen buena parte de la economía rural. Frente a esta realidad, es necesario que el Gobierno Nacional mire con mayor atención hacia el campo y comprenda que la seguridad rural debe ser una política de Estado y no una respuesta ocasional frente a cada emergencia. La protección del sector ganadero requiere presencia institucional permanente, inteligencia, reacción oportuna, investigación judicial y coordinación efectiva entre Fuerza Pública, autoridades locales y productores.
En departamentos como Sucre y Córdoba han surgido iniciativas que demuestran que el gremio también puede aportar. Los grupos SAGG (Seguridad y Apoyo al Gremio Ganadero) funcionan como mecanismos de enlace y comunicación entre los productores y las autoridades, facilitando el suministro oportuno de información para que la Fuerza Pública pueda actuar dentro de sus competencias y con mayor rapidez. Pero, aunque estas iniciativas no intentan convertirse en sustitutos de la responsabilidad del Estado. Son instrumentos de cooperación ciudadana que deben fortalecerse y articularse con una estrategia integral de seguridad rural. También ha llegado el momento de que el gremio ganadero fortalezca su espíritu de solidaridad. La cultura de la denuncia, de la entrega oportuna de información es la protagonista. La inseguridad no puede enfrentarse de manera individual. Cuando un productor es amenazado, cuando desaparece ganado de una finca o cuando una comunidad rural es víctima de la delincuencia, la respuesta debe ser colectiva, responsable y coordinada con las autoridades. Y en esa tarea debemos reconocer el papel fundamental de nuestra Fuerza Pública. Policías y soldados son quienes, desde los caminos rurales, puestos de control, patrullajes y operaciones, tienen la responsabilidad constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Por eso el sector ganadero debe rodearlos institucionalmente, suministrar información confiable y fortalecer los canales de comunicación, siempre dentro de la Constitución y la ley.
El futuro de la ganadería también depende de que el campo siga siendo un territorio donde valga la pena invertir, producir y construir familia. Sin seguridad no hay confianza; sin confianza no hay inversión; y sin inversión el campo pierde oportunidades. El llamado, entonces, es doble: al Gobierno Nacional, para que consolide una verdadera política de seguridad rural; y al gremio ganadero, para que fortalezca la solidaridad, la prevención y la cooperación con las autoridades.
Defender la ganadería también significa defender al hombre y a la mujer que madrugan todos los días para producir. Y hacerlo exige que Estado, Fuerza Pública y sector productivo trabajen juntos, porque la seguridad del campo es responsabilidad institucional, pero también un compromiso colectivo.
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
