Según la Séptima División, el depósito pertenecería a la estructura 36 de las disidencias asociadas a alias Calarcá. El material fue destruido de forma controlada; no se reportaron capturas ni personas lesionadas.
Tropas del Ejército localizaron y destruyeron de manera controlada un depósito ilegal con explosivos en zona rural de Briceño, norte de Antioquia, informó la Séptima División. De acuerdo con la institución, el material pertenecería a la estructura 36 de las disidencias de las FARC asociadas a alias Calarcá y habría sido almacenado para preparar ataques contra la población y la Fuerza Pública. El hallazgo fue realizado por unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 durante operaciones militares en el área. El comunicado oficial no precisó la vereda, la fecha exacta del operativo ni las circunstancias que llevaron a las tropas hasta el lugar. Tampoco informó de capturas o de personas heridas durante la intervención.
En la inspección, que contó con apoyo de perros detectores de explosivos, los uniformados encontraron una cantina metálica con 50 libras de explosivos y dos recipientes plásticos (descritos por el Ejército como “timbos”) con otras 80 libras. También hallaron 25 recipientes con pólvora, cada uno con 100 gramos, y 11 minas antipersonal. El inventario divulgado incluye dos granadas adaptadas para ser empleadas desde drones y materiales de fabricación de artefactos explosivos, además de elementos de intendencia y equipos de comunicaciones. El Ejército no detalló las características técnicas de los dispositivos, su posible radio de alcance ni si las granadas estaban listas para ser usadas. La institución destacó el hallazgo de una caneca que, según el reporte, contenía 30 libras de explosivos mezclados con fibra de vidrio. En el lugar también fueron encontrados seis litros de ácido y 15 kilos de grapas metálicas. La Séptima División sostiene que esos elementos podrían aumentar las lesiones y el daño de eventuales explosiones, pero el comunicado no ofrece un análisis técnico independiente sobre el propósito o la configuración de cada artefacto.
El Ejército afirmó que el uso de esos componentes podría constituir una infracción grave al derecho internacional humanitario (DIH). Esa calificación, sin embargo, depende de las circunstancias concretas, entre ellas el tipo de arma, el objetivo previsto y sus efectos previsibles. El comunicado no identifica una autoridad judicial que haya evaluado el caso ni informa de una investigación penal asociada al depósito. Según la versión militar, una vez asegurada el área y aplicados los protocolos para este tipo de hallazgos, el material fue destruido de forma controlada. La institución no precisó qué entidad técnica efectuó la destrucción ni si se realizó una evaluación posterior del sitio.
La Séptima División señaló que la operación habría impedido varias acciones violentas en el norte de Antioquia y debilitado la capacidad logística del grupo armado. Esa afirmación corresponde a la valoración del Ejército: hasta ahora no se han divulgado detalles que permitan establecer cuántos ataques se preparaban, cuándo podrían ocurrir o qué objetivos específicos habrían sido seleccionados. Tras el operativo, el comando anunció que reforzaría el dispositivo militar en la zona para buscar otros depósitos y ubicar a integrantes de grupos armados que operan allí. No se informó cuánto durará el despliegue adicional ni si habrá restricciones para la movilidad de la población.
