El abigeato dejó de ser, hace tiempo, un simple problema de seguridad rural. En Sucre, el robo de ganado golpea el patrimonio de los productores, deteriora la economía campesina, afecta la comercialización formal y termina convirtiéndose en una amenaza para toda la cadena productiva. Por eso resulta significativo que el presidente Abelardo De La Espriella haya puesto este delito en un capítulo específico de su agenda durante la jornada de Gobierno realizada ayer en el departamento.
El mandatario fue directo: el robo de ganado constituye “otro terrible problema” para Sucre y anunció el fortalecimiento de las acciones de inteligencia, prevención y control para enfrentarlo. Pero el anuncio más relevante está relacionado con una medida que va más allá de la persecución policial: el Gobierno Nacional ordenó realizar un estudio técnico para determinar en qué municipios resulta viable instalar plantas de sacrificio.
La propuesta tiene una lectura económica y sanitaria. La existencia de infraestructura adecuada para el sacrificio puede favorecer la legalidad, mejorar la trazabilidad del ganado, fortalecer los controles sanitarios y ofrecer a los productores canales formales de comercialización. El propio presidente vinculó estas plantas con la necesidad de proteger a los ganaderos y enfrentar las condiciones que favorecen el abigeato. Pero hay que hacer una precisión periodística: las plantas todavía no son una realidad en los municipios de Sucre. Lo anunciado es, inicialmente, un estudio técnico que deberá establecer dónde son viables. Ese proceso tendrá que considerar ubicación, demanda, conectividad, condiciones sanitarias, sostenibilidad financiera, capacidad de operación y articulación con las autoridades competentes. Allí estará una parte fundamental de la responsabilidad del Gobierno.
La segunda línea de acción es eminentemente de seguridad. El Ejecutivo anunció dos pelotones de Infantería de Marina para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en el departamento y recursos para fortalecer el sistema de cámaras de vigilancia. La intención declarada es que la tecnología permita prevenir delitos, identificar responsables y mejorar la capacidad de reacción. La estrategia anunciada, además, no se limitará al abigeato. El Gobierno planteó una respuesta integral frente a la delincuencia común y las estructuras criminales que afectan a comerciantes, ganaderos, campesinos y familias. También anunció el fortalecimiento de la seguridad de alcaldes y autoridades locales amenazadas por ejercer sus funciones. Hay aquí un elemento especialmente importante: la seguridad del campo no puede medirse únicamente por capturas. También debe medirse por la capacidad del Estado para impedir que una res sea robada, movilizada, sacrificada y comercializada ilegalmente. Eso exige inteligencia, controles en carreteras, vigilancia de rutas, trazabilidad y coordinación entre Fuerza Pública, autoridades administrativas y sector ganadero.
El presidente resumió su instrucción en tres verbos: “proteger, controlar y golpear”.
Más allá de la contundencia de la expresión, el desafío consiste en convertirla en una política permanente y verificable en los municipios rurales. Sucre necesita que el Estado llegue al último potrero, no solamente cuando ocurre un delito, sino antes. Necesita ganaderos protegidos, mercados legales, sacrificio controlado y tecnología funcionando. El anuncio presidencial revela, al menos, que el Gobierno Nacional reconoce la gravedad del problema. Ahora corresponde esperar los estudios, conocer los municipios seleccionados, verificar los recursos destinados y hacer seguimiento a los resultados. Porque para el ganadero sucreño la seguridad no es una estadística. Es la tranquilidad de saber que el patrimonio construido durante años no desaparecerá una noche por culpa del abigeato. Y para el departamento, proteger ese patrimonio significa también proteger el campo, el empleo y una parte esencial de su economía.
Por Silverio José Herrera Caraballo
