La visita del presidente Abelardo de la Espriella a Sucre dejó anuncios importantes para el departamento, pero también abrió una controversia política que ahora escala con la respuesta pública del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.
En un video de más de doce minutos, el mandatario local decidió responder a los cuestionamientos que, según afirma, fueron formulados durante y después de la visita presidencial. Acuña pidió respeto y consideración por su dignidad y por su persona. Aseguró, además, que durante la jornada se sintió perfilado y rodeado permanentemente por hombres armados que, según su relato, lo hicieron sentir intimidado. Son afirmaciones delicadas que deben ser aclaradas con responsabilidad y, si corresponde, mediante las autoridades competentes. Una democracia seria no puede normalizar que un mandatario local manifieste públicamente haber sentido intimidación.
Pero la respuesta de Acuña fue mucho más allá. El alcalde formuló cuestionamientos sobre personas que, según manifestó, tienen investigaciones pendientes o en curso y que actualmente hacen parte del Gobierno. También recordó episodios de la campaña presidencial y mencionó a Juan Miguel Villalba y Ludmila Vergara, quienes participaron en la estructura política de Abelardo en Sucre y hoy hacen parte de su administración. Incluso llevó la discusión al terreno familiar, al referirse al hermano y a los padres del presidente. Y ahí conviene hacer una pausa.
La política puede ser dura. El debate público puede ser frontal. Los gobernantes tienen derecho a controvertir, exigir explicaciones y defenderse. Pero cuando una discusión institucional comienza a convertirse en un intercambio personal de reproches, el verdadero perjudicado puede terminar siendo el ciudadano.
Sucre no necesita una guerra política entre sus dirigentes. Y Sincelejo mucho menos.
El departamento acaba de recibir al nuevo Gobierno nacional con una agenda de necesidades enormes: seguridad rural, abigeato, infraestructura, empleo, salud, La Mojana, erosión costera y proyectos estratégicos que llevan años esperando soluciones. Ese debería ser el centro de la conversación. Acuña tiene derecho a defenderse y Abelardo tiene derecho a fijar posiciones políticas. Pero ambos tienen también una responsabilidad superior: entender que sus diferencias personales o políticas no pueden convertirse en obstáculos para la gestión pública. Hay además una realidad que no debería olvidarse. Los sucreños vienen de cuatro años en los que, desde muchas regiones, se reclamó mayor presencia y atención del Gobierno nacional. Si ahora existe una nueva oportunidad de interlocución directa con la Casa de Nariño, sería lamentable que las diferencias entre dirigentes terminen cerrando puertas.
Sincelejo ya ha tenido suficiente de sentirse relegada. Por eso, más que escoger un bando en esta confrontación, lo que corresponde es exigir altura. Si existen acusaciones sobre intimidaciones, que se investiguen. Si existen cuestionamientos sobre funcionarios, que se sustenten y se respondan. Si hay diferencias políticas, que se ventilen públicamente, pero sin convertirlas en una batalla que termine afectando los intereses colectivos. La política pasa. Los gobiernos pasan. Los alcaldes y presidentes pasan. Los sincelejanos se quedan. Y son ellos quienes no pueden terminar pagando las consecuencias de una pelea que no les pertenece. Solo esperamos que esta situación no afecte a quienes menos debe afectar, al pueblo sincelejano.
