Hay decisiones de un Gobierno que trascienden la coyuntura política y adquieren una dimensión humana, jurídica e institucional. La determinación del presidente Abelardo De la Espriella de brindar asistencia jurídica y apoyo económico a las familias de los 17 exmilitares colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse pertenece a esa categoría.
A tres días de conmemorarse el día del veterano para esos militares colombianos ha sido la mejor noticia, Abelardo de la Espriella continúa cumpliendo lo que prometió en campaña y está es una buena señal.
Quienes servimos al país desde cualquiera de las fuerzas lo vemos de esa manera. No se trata de declarar inocentes a quienes están siendo investigados. Tampoco de interferir en la justicia estadounidense. Se trata, precisamente, de garantizar que la verdad pueda establecerse mediante un proceso con garantías y que la responsabilidad penal sea individual, como corresponde en cualquier Estado de derecho. El propio presidente pidió esclarecer exactamente qué ocurrió y determinar la responsabilidad de cada uno.
Los hechos son graves. Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021 y, de acuerdo con la investigación de las autoridades estadounidenses, en la conspiración participaron actores de varios países y fueron reclutados antiguos integrantes del Ejército colombiano. En mayo de 2026, un jurado federal de Miami declaró culpables a cuatro personas vinculadas con la conspiración; la Fiscalía estadounidense sostiene que 22 exmilitares colombianos fueron reclutados para ejecutar distintas tareas dentro del plan. Pero una cosa es investigar un magnicidio y otra muy distinta asumir, sin sentencia, que todos los involucrados tuvieron idéntica responsabilidad.
Los 17 colombianos permanecieron más de cinco años privados de la libertad en Haití en las peores condiciones antes de ser trasladados a Estados Unidos en septiembre. La Cancillería colombiana había informado que continuaría prestando asistencia consular y defendiendo sus derechos, pero dejó expresamente en manos de la justicia estadounidense la determinación de las responsabilidades individuales. Ahora aparece una decisión política adicional: acompañamiento jurídico y respaldo económico para sus familias. Y aquí está el verdadero debate.
¿Puede Colombia abandonar a sus ciudadanos cuando son acusados de un delito cometido en el extranjero? La respuesta institucional debe ser no. El debido proceso no puede depender de la simpatía que genere el acusado, de su profesión ni de la gravedad del delito investigado. Mucho menos cuando se trata de antiguos integrantes de la Fuerza Pública que, durante años, estuvieron sometidos a un proceso judicial complejo en Haití y ahora enfrentarán la justicia estadounidense.
También resulta necesario separar al soldado de la acusación. Un uniforme no convierte a nadie en inocente, pero tampoco convierte automáticamente a alguien en culpable. La justicia debe probar conductas individuales, participación, conocimiento e intención. Esa es precisamente la importancia de la decisión anunciada por el Gobierno: que los colombianos señalados tengan abogados, puedan presentar pruebas, controvertir las acusaciones y contar con acompañamiento institucional, sin que ello signifique interferir en el proceso.
El caso Moïse todavía tiene demasiadas preguntas abiertas. ¿Quién diseñó realmente la operación? ¿Quién financió el plan? ¿Quién impartió las órdenes? ¿Qué sabía cada uno de los colombianos? ¿Quién participó directamente en el ataque y quién pudo haber sido utilizado bajo engaño? Son preguntas para los jueces y fiscales, no para las redes sociales. Por eso, más que hablar de héroes o culpables antes de tiempo, Colombia debe exigir justicia. Una justicia que no proteja delitos, pero que tampoco abandone a sus ciudadanos. Por fin, esos colombianos tienen un Estado que anuncia públicamente que los acompañará. Ahora corresponde que la verdad hable en los tribunales.
