La muerte de Katiusca Orozco Acosta enluta a una familia, a una escuela y a todo Salamina. Tenía la vida por delante y cursaba Transición C en la Institución Educativa Departamental de Salamina, sede Escuela de Varones. Sus compañeros, también niños, tuvieron que despedirla antes de tiempo. No hay palabras que alivien una pérdida así. Pero junto al duelo ha surgido una pregunta que las autoridades no pueden dejar sin respuesta: ¿recibió Katiusca la atención médica que necesitaba? Familiares y habitantes han manifestado que la niña habría acudido en varias ocasiones al servicio de salud con fiebre y otros síntomas, y que, a su juicio, no se habrían ordenado oportunamente exámenes o remisiones. Son versiones que deben investigarse con seriedad. Por ahora, no permiten afirmar que una falla médica causó su muerte. Determinarlo requiere revisar la historia clínica, escuchar a quienes la atendieron y a su familia, y establecer con criterios técnicos qué ocurrió en cada consulta. La prudencia no debe ser excusa para la inacción. La investigación debe ser independiente, exhaustiva y transparente. La familia merece conocer los hechos, y la comunidad tiene derecho a saber si hubo errores, demoras o limitaciones en la atención. Si existieron responsabilidades, deben establecerse por las vías correspondientes. Si no las hubo, también se debe explicar públicamente, con evidencia y respeto. El caso, además, ha puesto en primer plano un inconformismo que va más allá de una sola atención. Habitantes de Salamina describen dificultades para que sus síntomas sean valorados, cuestionan la disponibilidad de exámenes y señalan que algunos pacientes deben trasladarse a Pivijay para acceder a servicios que necesitan. También relatan respuestas que consideran insuficientes. Esas denuncias no sustituyen una evaluación formal del servicio, pero sí requieren que las autoridades las escuchen y verifiquen, en lugar de tratarlas como ruido pasajero.
La atención en salud no puede convertirse en una secuencia de consultas breves y medicamentos que alivian síntomas sin esclarecer su causa, cuando el cuadro del paciente exige una valoración más profunda. Tampoco puede depender de que una persona enferma regrese una y otra vez para que alguien advierta la gravedad de lo que ocurre. La calidad de un servicio se mide, precisamente, por su capacidad de escuchar, evaluar y actuar a tiempo. Invitar a la ciudadanía a presentar quejas puede ser parte de la respuesta institucional, pero no puede ser toda la respuesta. La comunidad pide acciones concretas: una revisión de las denuncias, información clara sobre las capacidades de atención disponibles en el municipio, rutas efectivas de remisión y una explicación de cómo se garantizará que cada paciente reciba valoración acorde con sus síntomas. Un comunicado no resuelve esas preguntas. Tampoco devuelve a Katiusca a sus padres ni a sus compañeros. Pero una investigación seria y mejoras comprobables pueden impedir que el duelo de esta familia quede sepultado bajo el paso de los días y la siguiente noticia.
Salamina no debe buscar culpables antes de conocer los hechos. Sí puede exigir que se conozcan. La verdad sobre la atención recibida por Katiusca debe establecerse con rigor, sin especulaciones y sin proteger a nadie de una investigación necesaria. Y las inquietudes de la población sobre el servicio de salud merecen una respuesta que vaya más allá de las redes sociales. Hoy una familia enfrenta un dolor irreparable y una comunidad espera respuestas. Katiusca merece que su caso se esclarezca. Salamina merece un servicio de salud digno, cercano y capaz de responder con oportunidad. Que la memoria de esta niña no se convierta en una discusión fugaz: que conduzca a la verdad y a cambios que protejan a quienes hoy siguen necesitando atención.
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
