Hay momentos en los que un gobierno tiene que demostrar para qué llegó al poder. No basta con ganar elecciones, pronunciar discursos contundentes o anunciar transformaciones desde un escritorio. La verdadera prueba comienza cuando el país exige respuestas, cuando la seguridad se convierte en preocupación cotidiana y cuando miles de familias necesitan que el Estado aparezca, no con promesas, sino con soluciones. En esa dirección deben examinarse las primeras decisiones del presidente Abelardo de la Espriella, un mandatario que ha puesto sobre la mesa asuntos fundamentales para Colombia: autoridad, seguridad, atención a las víctimas y reconstrucción territorial.
La tragedia puso a prueba al Gobierno. El terremoto del pasado 10 de agosto dejó una dolorosa huella en numerosas regiones del país. Frente a semejante emergencia, la administración activó mecanismos de atención, movilizó funcionarios hacia los territorios afectados y anunció medidas económicas inmediatas para las familias que perdieron sus viviendas. La creación del Fondo Patria Milagro, anunciada para canalizar recursos destinados a la recuperación, constituye una herramienta importante dentro de esa estrategia. También se dispusieron apoyos temporales de arrendamiento, medidas financieras para departamentos y municipios y recursos para recuperar infraestructura esencial. En Risaralda, por ejemplo, el Gobierno anunció auxilios mensuales de 1.050.000 pesos durante tres meses para familias damnificadas previamente censadas. Son decisiones que merecen reconocimiento porque atienden necesidades concretas. Sin embargo, debemos decirlo con claridad: la reconstrucción no se mide por el número de decretos expedidos, sino por las viviendas entregadas, las escuelas recuperadas, los hospitales funcionando y las familias que logran recuperar su tranquilidad. El Gobierno ha trazado una ruta; ahora debe demostrar que puede cumplirla oportunamente y con transparencia.
Seguridad: la autoridad no puede ser una promesa vacía. Colombia necesitaba recuperar el control efectivo de sus territorios, proteger a comerciantes, ganaderos, transportadores y campesinos, y garantizar que las comunidades puedan vivir sin miedo a la extorsión, el secuestro o las amenazas de las organizaciones criminales.
En ese contexto, el Ejecutivo presentó el 13 de octubre un proyecto de ley de sometimiento a la justicia que contempla beneficios condicionados a la colaboración, la entrega de información, el desmantelamiento de estructuras criminales y la reparación de las víctimas. La iniciativa busca reemplazar el protagonismo de la fallida negociación política por condiciones judiciales más estrictas. La propuesta plantea un debate necesario: cómo enfrentar a los violentos sin renunciar a la justicia. Su éxito dependerá de que las condiciones se cumplan, las víctimas sean escuchadas y los resultados puedan verificarse. La firmeza estatal debe traducirse en seguridad real, no solamente en declaraciones.
Gobernar también significa escuchar al que piensa distinto. Las recientes modificaciones a los protocolos policiales frente a bloqueos y actos de vandalismo buscan facilitar la intervención de la Fuerza Pública cuando se afectan servicios esenciales. No obstante, eran de esperarse las críticas de organizaciones sociales y sectores políticos, se respeta la protesta, pero recuerdan una obligación constitucional: proteger simultáneamente el orden público, la protesta pacífica y los derechos ciudadanos. La autoridad legítima no atropellara al pueblo para hacerse respetar. Ese equilibrio será determinante para consolidar la confianza de los colombianos.
. Quienes respaldamos el proyecto político de Abelardo de la Espriella tenemos razones para esperar resultados en seguridad, reconstrucción, empleo y presencia institucional. Pero respaldar un gobierno no significa aplaudirlo todo. Significa reconocer sus aciertos, exigir que cumpla sus compromisos y advertir oportunamente cuando algo no funciona. La reconstrucción de las regiones afectadas necesita vigilancia ciudadana, contratación transparente y ejecución sin demoras injustificadas. La política de seguridad necesita indicadores verificables. Y las decisiones económicas deben traducirse en mejores condiciones para los hogares y las empresas. Colombia no necesita una administración dedicada a pelear eternamente con sus contradictores. Necesita un Estado que funcione, instituciones respetadas y resultados que lleguen hasta el último municipio.
Mi posición es clara: el Gobierno merece ser evaluado por sus decisiones y por su capacidad de convertirlas en resultados. Hay medidas iniciales que ofrecen una dirección definida y compromisos que generan expectativas legítimas. Ahora corresponde consolidarlos. Porque la patria no se reconstruye únicamente con discursos de autoridad ni con promesas de esperanza. Se reconstruye cuando la autoridad protege, la justicia responde y el Estado cumple. Y a un gobierno que asumió la responsabilidad de conducir el destino nacional hay que exigirle precisamente eso: menos promesas incumplidas, más resultados verificables y una Colombia donde la seguridad, la dignidad y las oportunidades dejen de ser aspiraciones para convertirse en realidades. Apoyar al gobierno no significa aplaudir por todo, pero la verdad sea dicha: el cambio en estos sesenta y siete días ha sido notorio. Por eso me mantengo: Firmes por la patria y que viva Cristo Rey.
