En la plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, ante una escasa asistencia, se presentó un hecho vergonzoso desde todos los puntos de vista. La instrumentalización de una menor de edad para atacar al presidente de la república Abelardo de la Espriella.
Hay límites que la política no debería cruzar. La controversia, la crítica al Gobierno y la oposición son elementos legítimos de cualquier democracia, pero utilizar a una menor de edad como instrumento de confrontación política, si los hechos ocurrieron como se han denunciado y que están grabados en video, merece una explicación pública, una investigación rigurosa y una sanción ejemplar. Los niños no pueden convertirse en munición para las disputas de los adultos y menos por política.
La representante a la Cámara por el pacto histórico María Fernanda Carrascal está en el centro de una controversia que exige claridad. Si se demuestra que promovió, indujo o respaldó la utilización de una niña para proferir insultos contra el presidente de la República Abelardo de la Espriella, las autoridades competentes deben establecer qué ocurrió y si existe alguna responsabilidad legal, ética o política. No se trata de silenciar a la oposición, sino de exigirle que actúe dentro de los límites de la responsabilidad pública. Por eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe evaluar si existe una situación que comprometa los derechos de la menor y adoptar las medidas que correspondan, importante ubicar a la familia de la menor y determinar sus responsabilidades en el hecho. La fiscalía general de la Nación deberá determinar si hay elementos que justifiquen una investigación penal, mientras que la Comisión de Ética de la Cámara tendrá que examinar, dentro de sus competencias, la conducta atribuida a la congresista.
Investigar no significa condenar anticipadamente. Significa esclarecer los hechos, aquí es importante proteger a la niña y establecer responsabilidades con pruebas, no con especulaciones. Ese principio debe aplicarse a todos, sin privilegios ideológicos ni persecuciones políticas. Pero la pregunta de fondo es inevitable:
¿hasta dónde está dispuesta a llegar cierta oposición para atacar a un Gobierno?
Colombia necesita una oposición firme, inteligente, argumentativa y fiscalizadora. Una oposición que cuestione las decisiones presidenciales denuncie errores, examine contratos y exija resultados. Lo que no necesita es una política convertida en espectáculo de provocaciones, descalificaciones y controversias que terminan desplazando los asuntos que realmente afectan a los ciudadanos.
La semana pasada también se generó rechazo nacional por una caricatura dirigida contra la primera dama. Ahora surge esta nueva denuncia relacionada con una menor. Son episodios distintos, con responsabilidades que deben establecerse por separado, pero ambos reabren una discusión necesaria sobre los límites del debate público y el respeto por las personas. La libertad de expresión protege la crítica, incluso la más incómoda. Sin embargo, no exime a nadie de responder por sus actos ni convierte cualquier comportamiento en políticamente aceptable. La investidura parlamentaria no es una licencia para actuar sin consecuencias. Y hay otro asunto que merece atención: las movilizaciones convocadas por sectores de oposición. Si sus organizadores esperaban una demostración multitudinaria capaz de sacudir al país, corresponde evaluar el resultado con hechos y cifras verificables, no con propaganda de uno u otro bando.
La participación ciudadana no se mide exclusivamente por la asistencia, ni se puede afirmar que los manifestantes recibieron pagos sin pruebas concretas que lo demuestren. Lo mismo debe decirse de los actos de vandalismo. Quien destruye bienes públicos o privados debe responder conforme a la ley, independientemente de su filiación política. El derecho a protestar es constitucional; destruir, agredir y sembrar el caos no constituye una extensión legítima de ese derecho. Y aquí surge una pregunta que no puede quedar en el aire: ¿quién va a pagar por los daños ocasionados? Los recursos públicos destinados a reparar instalaciones destruidas salen, directa o indirectamente, del bolsillo de los colombianos. Si existen responsables identificados, las autoridades deben investigar, garantizar el debido proceso y procurar que se apliquen las consecuencias legales y patrimoniales que correspondan.
La democracia no consiste en aplaudir todo lo que haga el presidente ni en justificar cualquier acción de sus adversarios. Consiste en exigirles a todos el mismo estándar de conducta. A quienes pretenden debilitar al Gobierno mediante la confrontación permanente, conviene recordarles que la ciudadanía espera propuestas, argumentos y trabajo. Como se escuchó alguna vez en el Congreso: «¡Vayan a trabajar, vagos!». Una frase que, más allá de su dureza, conserva una exigencia elemental: quienes reciben el mandato popular deben honrarlo con resultados.
El presidente debe ser cuestionado cuando se equivoque, y la oposición debe ser cuestionada cuando sus actuaciones lo ameriten. Ninguno está por encima de la ley. ¡Que investiguen, que se esclarezca y que respondan los responsables si se demuestra alguna conducta irregular! A la menor se le deben garantizar sus derechos; a la congresista, el debido proceso; y a Colombia, la verdad. Porque cuando la política pierde la decencia, la primera víctima es la democracia. Y cuando los menores quedan en medio de las disputas de los mayores, la sociedad entera tiene motivos para preocuparse
