La jueza Penal Municipal Ambulante contra BACRIM de Sincelejo declaró ilegal las capturas de siete de los ocho procesados. La Fiscalía apeló la decisión; el proceso y las razones de la providencia requieren explicación pública.
Una operación contundente de la SIJIN de la Policía en Sucre contra una presunta red dedicada al abigeato terminó bajo escrutinio judicial: siete de las ocho capturas fueron declaradas ilegales por una jueza Penal Municipal Ambulante contra BACRIM de Sincelejo, durante diligencias adelantadas por la Fiscalía Primera Local de Corozal. La Fiscalía apeló la decisión. De acuerdo con la información suministrada, entre los detenidos se encuentran Alex Miguel Yepes Flores, conocido como “Yepes” o “el Mono”, señalado por las autoridades como presunto líder de la estructura; Fernando José Pérez Hernández, alias “Nando”; Jesús David Suárez Chávez, “Jesús Chávez”; Pedro Pablo Pérez Hernández, “Petaca”; Álvaro Javier Vergara Torres, “Alvarito”; Neider Villamil Munzón, “Come Hierba”; Luis Ángel Pérez Hernández, conocido como “el Negrito”, “Mica Prieta” o “el Golero”; y Pablo Emilio Caro Rivera, “Atribuido” o “el Campe”.
La captura de Caro Rivera se llevó a cabo en el área rural de Sabanas de Beltran (Paloquemao) fue la única declarada legal. Pero, irónicamente de acuerdo con el reporte entregado, porque al momento de su detención tenía en su poder una motocicleta reportada como hurtada. Las otras siete capturas fueron declaradas ilegales y los detenidos quedaron en libertad, mientras la apelación de la Fiscalía debe ser resuelta por la instancia correspondiente ante un juzgado del circuito. La decisión judicial se refiere a la legalidad de las capturas; por sí sola, no determina la responsabilidad penal de los investigados ni resuelve el fondo de la investigación. Para entender el alcance del caso, es necesario conocer la providencia y precisar qué requisitos consideró incumplidos la jueza. También corresponde a la Fiscalía explicar los argumentos de su apelación, que de por si genera desconfianza ante el ganadero que vio hoy como en película una operación policial desarmada de un plumazo.
El operativo genera inquietud entre productores ganaderos porque, de acuerdo con informaciones obtenidas durante la diligencia, Yepes Flores ya había sido capturado este año dentro de una investigación por un presunto caso de abigeato. Ese proceso estaría relacionado con el hurto de más de 50 reses al ganadero Arturo Vergara en la finca La Siria, jurisdicción de San Antonio de Palmito. El ganado habría sido sacado de su finca desde altas horas de la noche, transportado a pie mediante la modalidad de arreo entre potreros de fincas vecinas para luego ser encontrado en inmediaciones del municipio de Coveñas antes de ser cargado en tres camiones que, de acuerdo con el reporte, también estaban en el lugar, junto con el habian otras personas que al momento fueron capturadas, pero junto con el fueron dejadas en libertad. ¿será este tema una constante?
La SIJIN del Departamento de Policía Sucre realizó diligencias en Sucre y Bolívar, donde se realizaron allanamientos y capturas según la información recibida. La extensión del operativo entre ambos departamentos y el número de capturados dan cuenta de una investigación que requiere seguimiento; sin embargo, la solidez de cualquier caso también depende de que cada procedimiento cumpla los requisitos legales y de que la Fiscalía sustente debidamente sus actuaciones. Para los ganaderos, que vieron en las capturas una respuesta frente a un delito que golpea su patrimonio y su sustento, la noticia deja preguntas legítimas. ¿Qué motivó la decisión judicial? ¿Qué aspectos del procedimiento fueron cuestionados? ¿Cómo continuará la investigación tras la apelación? Las respuestas deben darse con documentos y explicaciones verificables, no con señalamientos anticipados. La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados contra el abigeato y claridad sobre las decisiones que inciden en estos procesos. La Policía debe adelantar procedimientos ajustados a la ley; la Fiscalía, presentar investigaciones sólidas; y los jueces, explicar sus decisiones conforme al debido proceso. Proteger a los productores y respetar las garantías de los investigados son obligaciones simultáneas. El esclarecimiento de este caso depende ahora de que las autoridades respondan, con precisión y transparencia, qué ocurrió y cuáles serán los siguientes pasos.
