El campo sucreño necesita respuestas, no más reuniones; resultados, no más promesas, y una justicia que, respetando plenamente su autonomía y los procedimientos legales, permita que las investigaciones contra quienes presuntamente delinquen lleguen a buen término.
El abigeato, el carneo y las extorsiones continúan golpeando a los ganaderos, mientras crece una pregunta que ya no admite evasivas: ¿quién protege realmente al productor rural? La reciente operación desarrollada en Sucre y Bolívar, después de un trabajo de inteligencia, investigación y seguimiento por parte de la SIJIN de la policía del departamento de Sucre, parecía abrir una esperanza. Ocho personas fueron capturadas mediante allanamientos y procedimientos en áreas abiertas, señaladas de su presunta participación en hechos relacionados con el hurto de ganado. Los detenidos fueron trasladados para su judicialización. Sin embargo, la decisión judicial de dejar en libertad a siete de los ocho capturados desató sorpresa, desconcierto y profunda preocupación entre quienes padecen este flagelo.
No pretendo desconocer la autonomía judicial ni afirmar, sin conocer la totalidad del expediente, cuáles fueron los fundamentos de esa determinación. Corresponde a las autoridades competentes explicar las razones jurídicas. Pero sí es legítimo preguntar qué ocurrió, qué elementos probatorios fueron valorados, cuales descartados y por qué motivos y qué debe corregirse para evitar que el esfuerzo investigativo termine sin resultados efectivos para las víctimas. Lo digo con claridad: hoy no es la Fuerza Pública la destinataria de mi reclamo. La SIJIN de la Policía Nacional en Sucre adelantó un trabajo que, según la información conocida, permitió concretar las capturas. Hubo investigación, inteligencia y despliegue operacional. Ahora la ciudadanía necesita entender qué sucedió en la etapa judicial y si existen elementos para fortalecer los procedimientos, preservar las pruebas y garantizar que los responsables, cuando se demuestre su culpabilidad, respondan ante la ley.
Los llamados “tecnicismos jurídicos” no pueden convertirse en una explicación genérica que cierre el debate. Si hubo errores de procedimiento, deben identificarse; si faltaron elementos materiales probatorios, debe establecerse por qué; y si existen decisiones que puedan controvertirse por las vías legales, las víctimas y las autoridades legitimadas deben conocerlas. La presunción de inocencia debe respetarse, pero también los derechos de quienes han perdido su patrimonio y esperan justicia.
¿Qué respuesta reciben los ganaderos afectados por estos hechos?
Los antecedentes son preocupantes. En julio de 2024, el caso de Saido Maury, en Plaza Pelá, jurisdicción de Galeras, puso sobre la mesa la dimensión del problema. En enero y julio de 2026, los casos relacionados con Julio de la Ossa Jaraba volvieron a encender las alarmas, con 35 reses reportadas en dos episodios. Según la información suministrada por el gremio, hubo recuperaciones de animales y personas capturadas, algunas de las cuales quedaron bajo detención domiciliaria, mientras seguían pendientes actuaciones judiciales. También está el caso de Arturo Vergara, en San Antonio de Palmito: 56 reses hurtadas, camioneros capturados y una investigación que, de acuerdo con lo conocido, habría involucrado a presuntos responsables de la logística del transporte. El ganado habría sido hurtado en San Antonio de Palmito y Toluviejo y posteriormente localizado en Coveñas. Estos hechos exigen esclarecer responsabilidades individuales y determinar hasta dónde llegan las redes que hacen posible el robo, traslado y comercialización de los animales. Y permanece en la memoria reciente el hurto de cerca de 70 reses denunciado por Carlos Enrique Martínez Acevedo en Palmital, jurisdicción de Galeras. Detrás de cada cifra hay capital perdido, deudas, trabajadores afectados, noches sin dormir y familias que ven amenazada la continuidad de su actividad económica.
Presidente Abelardo de la Espriella, el campo de Sucre necesita que usted mire hacia esta región con la misma determinación con la que ha planteado enfrentar los problemas de seguridad en otras ciudades del país. No se trata de pedirle que interfiera en decisiones judiciales ni que desconozca la separación de poderes. Se trata de exigirle liderazgo institucional, coordinación efectiva y atención prioritaria a la seguridad rural. Si hay que revisar desempeños, fortalecer capacidades o realizar los relevos que correspondan dentro de las competencias legales de cada institución, hágase. Que nadie se escude en frases como “esa no es nuestra misionalidad” para evadir responsabilidades de coordinación. El ganadero no puede quedar atrapado entre oficinas, competencias fragmentadas y reuniones que terminan sin compromisos verificables.
Es el momento de hacer una pregunta incomoda pero que toca hacerla:
¿Y DÓNDE ESTÁN LOS GREMIOS?
Hasta ahora nadie se ha pronunciado sobre lo que paso ayer, ¿Dónde están los que se reclaman el derecho de estar en primera fila en las reuniones y consejos de seguridad? ¿Dónde están quienes dicen representar a los ganaderos de la región?
En una reunión hace ya varios días en la Gobernación de Sucre alguien no se con qué intención planteó una pregunta elemental: si un ganadero tiene un problema, ¿a quién llama y quién le responde? Hoy esa pregunta tiene nombres y apellidos. ¿Quién acompaño a Saido Maury, a Julio de la Ossa, Catello Salcedo, Leonardo Romero, Carlos Amell, Arturo Vergara y a Carlos Enrique Martínez Acevedo? ¿Quién hace o ha hecho el seguimiento a los procesos y exige información sobre los avances, dentro de los límites legales? Lo digo con franqueza: he promovido reuniones y espacios de articulación porque creo en el trabajo conjunto. No reniego de ellos pues promulgo la solidaridad. Pero reunirse no puede convertirse en el objetivo, ni la denuncia pública en una molestia para quienes deberían escucharla. La prioridad debe ser proteger al productor, prevenir nuevos hurtos, investigar las redes criminales y hacer seguimiento a cada caso hasta donde lo permita la ley.
¡S.O.S., PRESIDENTE ABELARDO DE LA ESPRIELLA!
Coordinación Estrategia SAGG
Los ganaderos de Sucre y Córdoba, y por extensión los de la región Caribe, necesitan hechos. Necesitan una Fuerza Pública respaldada, una Fiscalía con capacidad investigativa, una administración de justicia eficaz y autoridades que trabajen coordinadamente. Necesitan que las capturas se sustenten en investigaciones sólidas, que los procesos avancen sin dilaciones injustificadas y que las condenas lleguen cuando las pruebas y la ley así lo determinen. El campo no puede seguir pagando las consecuencias del abigeato, el carneo y la extorsión mientras sus productores pierden la confianza en las instituciones.
Presidente, escuche este llamado. Venga a Sucre, conozca de primera mano la situación y ayude a destrabar, dentro de sus competencias, los problemas de seguridad que asfixian al sector rural. No pedimos privilegios ni condenas anticipadas. Exigimos protección, investigación seria y justicia efectiva. Porque cuando roban 35, 56 o 70 reses, no solamente se llevan ganado: golpean el trabajo de toda una vida. Y cuando una operación termina con siete capturados en libertad, sin que la ciudadanía comprenda las razones, la institucionalidad tiene el deber de explicar, revisar lo que corresponda y recuperar la confianza pública. El campo de las sábanas de Sucre no necesita más discursos. Necesita seguridad, respuestas y justicia. Finalizo diciéndole a quienes “ni lavan, ni prestan la batea. Sean serios y como dijo María Fernanda Cabal: “Trabajen, vagos ¡” Desde la coordinación de la estrategia SAGG seguiremos apoyando al ganadero, sea de a pie, sea pequeño, mediano o gran productor, porque la “seguridad no tiene dueño, es compromiso de todos” Mientras los ganaderos incluidos en los grupos lo permitan seguiremos apoyándolos.
