Sincelejo, Sucre. La Fiscalía 29 Seccional de Sincelejo imputó el viernes 18 de septiembre al diputado de Sucre y exsenador liberal Mario Alberto Fernández Alcocer por el delito de fraude procesal, dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en documentos utilizados para acreditar sus estudios de bachillerato y posteriormente obtener el título de abogado.
La audiencia se realizó de manera virtual ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Sincelejo, luego de haber sido programada para las 8:00 de la mañana. La investigación cuenta con el apoyo del Área Investigativa Anticorrupción de la Dijín de la Policía Nacional, de acuerdo con la información conocida sobre el proceso. Según la hipótesis expuesta por el ente acusador, Fernández Alcocer habría presentado ante la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) documentación destinada a acreditar su condición de bachiller, requisito para acceder a la formación y posterior titulación profesional. La Fiscalía sostiene que esos documentos también habrían sido utilizados posteriormente ante autoridades relacionadas con el ejercicio profesional de la abogacía. Uno de los aspectos centrales de la investigación corresponde a la documentación académica atribuida a instituciones educativas como el Liceo Panamericano de Sincelejo y el Gimnasio Los Robles de Bogotá.De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, en los registros del Gimnasio Los Robles aparece una proclamación como bachiller en 2014, después de una convalidación de materias correspondientes a 1997, año en el que Fernández Alcocer habría cursado grado 11. La Fiscalía analiza esta circunstancia frente al hecho de que el político obtuvo su título de abogado en CECAR en 2008.
El expediente también incorpora documentos académicos, declaraciones juradas y otras diligencias de investigación que, según la Fiscalía, permitirían establecer las circunstancias relacionadas con la documentación cuestionada. Durante la diligencia, el ente acusador solicitó además medidas relacionadas con la suspensión de registros derivados del presunto fraude procesal, entre ellos los vinculados al título profesional y a la tarjeta de abogado. Fernández Alcocer no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Por tratarse de una imputación y no de una sentencia condenatoria, el diputado conserva plenamente su presunción de inocencia y el derecho a la defensa dentro del proceso penal.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio judicial la trayectoria académica y profesional del dirigente político sucreño. En 2025, el Consejo de Estado ya había estudiado otro proceso relacionado con su elección como diputado de Sucre y determinó que no se acreditaron los elementos necesarios para configurar la conducta de doble militancia que se le atribuía. Ahora será la justicia penal la encargada de determinar, dentro del debido proceso y con valoración de las pruebas, si existió o no responsabilidad por los hechos investigados por la Fiscalía
Por Visio Global Digital
