Justicia sin atajos: Colombia necesita respuestas, no eternas excepciones
Hay momentos en la vida de una República en los que la pregunta no puede seguir siendo cuánto tiempo puede durar una institución, sino qué resultados está entregando y cuánto le cuesta al ciudadano.
La propuesta del senador Enrique Gómez, de trasladar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Rama Judicial ordinaria, respaldada por el presidente Abelardo de la Espriella, abrió nuevamente una discusión que Colombia no puede evadir: ¿hasta cuándo debe prolongarse una justicia transicional creada para responder a una coyuntura excepcional? La pregunta no es menor. La JEP fue concebida como un mecanismo temporal de justicia transicional, verdad, reparación y no repetición. (su cumplimiento efectividad esta en dudas) Hoy, casi una década después del Acuerdo de Paz, el país tiene derecho a exigir resultados medibles, cuentas claras, tiempos definidos y una evaluación independiente de costo-beneficio institucional.
La JEP sostiene que ha acreditado a miles de víctimas y que ha avanzado en macrocasos de enorme gravedad. Su primera sentencia contra el antiguo Secretariado de las FARC llegó en septiembre de 2025, con sanciones propias de ocho años de trabajos restaurativos. Pero precisamente por eso el debate debe ser serio: una justicia que pretende cerrar las heridas de medio siglo de violencia no puede ser evaluada únicamente por el número de autos, audiencias o comparecientes, sino por cuánta verdad efectiva reciben las víctimas, cuánto daño se repara y qué responsabilidades quedan realmente esclarecidas.
El caso de los diputados del Valle resume esa tensión. Once fueron asesinados después de más de cinco años de cautiverio. La propia JEP ha documentado el secuestro, las condiciones de cautiverio y las responsabilidades de integrantes de las antiguas FARC. Sin embargo, familiares de las víctimas apelaron la sentencia de ocho años de sanción restaurativa contra antiguos miembros del Secretariado, cuestionando precisamente si la respuesta judicial satisface sus expectativas de justicia. Aquí aparece la palabra que no puede desaparecer del debate: rendición de cuentas. Si Colombia destina recursos extraordinarios a una jurisdicción extraordinaria, tiene derecho a conocer cuánto se ha gastado, qué se ha obtenido, qué falta por hacer y cuándo terminará. La propia JEP reportó una apropiación presupuestal de $737.232 millones para 2025. La discusión sobre esos recursos no debería convertirse en una guerra política contra los jueces, pero tampoco puede cerrarse con el argumento de que cuestionar la institución equivale a atacar la paz.
Una eventual reforma, reducción, transformación o terminación de la JEP debe hacerse con la Constitución en la mano, garantizando los derechos de las víctimas y evitando cualquier forma de impunidad. Y si se trasladan recursos a la justicia ordinaria, deben llegar allí con objetivos verificables: más jueces, menos congestión, infraestructura adecuada, tecnología, investigación criminal y decisiones oportunas.
La justicia ordinaria tampoco puede convertirse en otro escenario de burocracia, clientelismo o cargos repartidos entre amigos y padrinos. Necesitamos meritocracia, evaluación independiente de desempeño, transparencia en los nombramientos y mecanismos públicos para medir tiempos y resultados.
“La JEP solo ha dedicado sus esfuerzos a investigar a los miembros de la fuerza pública, mientras que los victimarios de casi 70 años han recibido prebendas, curules en el congreso, protección del estado. ¿Es eso acaso lo que buscaba el proceso de paz de Juan Manuel Santos?, Si, el del falso nobel de paz, el que dijo en el teatro Colon de Bogotá, que la guerra en Colombia había terminado. “Vainas de mi pueblo” Se les dijo, se les advirtió. Pero no lo creyeron”.
Tal y como lo recordó el jurista colombiano José Gregorio Hernández Galindo, el buen juez tiene un compromiso exclusivo con “la aplicación recta e imparcial de la justicia”. Carlos Gaviria defendió la igualdad como fundamento de la justicia; y Hernando Devis Echandía advirtió sobre la necesidad de una justicia verdaderamente accesible y humana. Desde la tradición jurídica universal, Ulpiano dejó una definición que sigue atravesando los siglos: “dar a cada uno lo suyo”. Couture recordó que, cuando el derecho y la justicia entran en conflicto, el jurista debe luchar por la justicia. Y Montesquieu advirtió que la libertad exige un poder judicial separado de los otros poderes.
Colombia tiene más de 10,2 millones de víctimas registradas. A ellas les debemos algo más que discursos. No se trata de escoger entre paz y justicia. Se trata de conseguir ambas. Justicia sí. Impunidad no. Que la balanza vuelva a estar equilibrada; que la justicia recupere su transparencia y credibilidad; que tenga manos para investigar, ojos para ver, oídos para escuchar y, sobre todo, la decisión de llegar a tiempo. Porque para las víctimas, la justicia que tarda demasiado deja de ser esperanza y comienza a parecer otra forma de abandono.
Por: Silverio Jose Herrera Caraballo
