La democracia necesita oposición, crítica y control político, no una oposición entusada con deseos de confrontación y/o revancha. Un senador tiene todo el derecho de cuestionar al presidente de la República, pedir explicaciones y expresar públicamente sus desacuerdos. Esa es una función legítima dentro de un Estado democrático. Pero precisamente porque el debate público es tan importante, también exige coherencia, memoria y responsabilidad.
La presencia del presidente Abelardo De la Espriella en Santa Marta, acompañado por integrantes de la Fuerza Pública y en medio de una grave situación de orden público, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la manera como un mandatario debe enfrentar a las organizaciones criminales. El Gobierno anunció el refuerzo de la presencia militar y policial, mientras las autoridades reportaron acciones violentas relacionadas con el paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
En ese contexto, las imágenes del presidente patrullando junto a soldados y policías, portando un arma de fuego, generaron críticas de distintos sectores políticos. Entre quienes cuestionaron la actuación presidencial estuvo Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, senador del Pacto Histórico que ha mantenido una postura crítica frente a diferentes actuaciones relacionadas con Santa Marta. Pero aquí aparece una pregunta que trasciende al senador Ocampo y alcanza al conjunto de la política nacional: ¿el control político debe aplicarse con el mismo rigor independientemente de quién gobierne? Durante los últimos años Colombia vivió atentados, asesinatos de integrantes de la Fuerza Pública, ataques con drones, desplazamientos y acciones de estructuras armadas ilegales. También hubo una política gubernamental orientada al diálogo y al sometimiento de organizaciones criminales. Esa estrategia fue defendida por sus promotores y cuestionada por sus contradictores. Hoy corresponde evaluar sus resultados con datos, no solamente con consignas.
De la misma manera, las actuaciones del actual Gobierno deben ser examinadas con rigor. Si el presidente decide acompañar directamente a la Fuerza Pública en una zona sometida a intimidaciones criminales, puede discutirse políticamente la forma, el mensaje y los límites institucionales de esa decisión. Pero esa discusión debería comenzar por reconocer el contexto concreto: una ciudad afectada por amenazas, restricciones a la actividad económica y hechos violentos. El problema aparece cuando la política convierte cada imagen en un espectáculo y cada crítica en una batalla partidista. La seguridad de los ciudadanos no puede convertirse en escenario para medir quién grita más fuerte.
Colombia necesita algo diferente: congresistas que controlen al Gobierno cuando corresponda, periodistas que pregunten sin preferencias partidistas y gobernantes que respondan con resultados verificables. Criticar al presidente es legítimo. Defenderlo también puede serlo dentro del debate democrático. Lo que no debería ser aceptable es que la indignación dependa de quién ocupa la Casa de Nariño y es precisamente el problema que vive Colombia hoy y lo sabíamos, sabíamos que la oposición se iba a dedicar a criticar aun sin fundamentos cualquier actuación de De la Espriella.
Los criminales no distinguen colores políticos cuando amenazan a un comerciante, atacan a un policía o intimidan a una familia. Por eso, la discusión sobre seguridad tampoco debería depender de simpatías partidistas. Si queremos una democracia seria, la exigencia debe ser la misma para todos: menos espectáculo político, más argumentos; menos memoria selectiva, más coherencia; y, sobre todo, más resultados para los ciudadanos, y el resultado de lo anterior es que parece que en la oposición les está doliendo demasiado que a Abelardo por muchas cosas malas que estén pasando en el país, terremotos, ataques terroristas, está teniendo aceptación en el país.
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
