El discurso pronunciado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de Naciones Unidas no fue simplemente una intervención diplomática: fue una defensa política, militar y estratégica de la conducta de Israel en un Medio Oriente atravesado por múltiples frentes de confrontación. Su mensaje central fue inequívoco: Israel se considera en una guerra de varios frentes y sostiene que su supervivencia exige mantener la capacidad de responder militarmente.
Netanyahu presentó el conflicto como una lucha existencial frente a Hamas, Hezbollah, Irán, los hutíes y otros grupos armados vinculados al escenario regional. También defendió las operaciones contra las capacidades nucleares iraníes y reivindicó la alianza estratégica con Estados Unidos, particularmente con Donald Trump. Desde esa perspectiva, el argumento israelí tiene un componente de disuasión: demostrar que cualquier amenaza contra su territorio tendrá una respuesta militar contundente. Pero el discurso tuvo también un fuerte componente político. Decenas de delegaciones abandonaron la sala cuando Netanyahu tomó la palabra, mientras el primer ministro respondió calificando a quienes se retiraron de “cobardes morales”. El episodio evidenció la profunda fractura diplomática existente alrededor de la guerra de Gaza.
Aquí aparece la dimensión sociojurídica. Israel invoca su derecho a la seguridad y a la legítima defensa; sin embargo, ese derecho no elimina las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario. La Corte Internacional de Justicia ordenó medidas provisionales vinculantes relacionadas con la protección de la población palestina y la prevención de actos comprendidos en la Convención contra el Genocidio. Es importante precisar que esas medidas no constituyen, por sí mismas, una sentencia definitiva sobre el fondo de la acusación de genocidio.
Existe además una dimensión penal internacional que Netanyahu no puede ignorar. La Corte Penal Internacional mantiene una orden de arresto emitida en noviembre de 2024, relacionada con presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Jurídicamente, una orden de arresto no equivale a una condena: expresa que la Sala encontró fundamentos suficientes, conforme al estándar aplicable en esa etapa, para emitirla.
El problema estratégico es que la victoria militar no necesariamente produce una solución política. Israel puede degradar capacidades militares de sus adversarios, pero mientras permanezcan abiertas las causas estructurales (la cuestión palestina, la seguridad israelí, el papel regional de Irán, el futuro de Gaza y la arquitectura de seguridad del Levante) la confrontación puede reproducirse bajo nuevas formas. El discurso de Netanyahu, por tanto, debe leerse en dos escenarios simultáneos: hacia afuera, como una declaración de doctrina de seguridad nacional; hacia adentro, como un mensaje destinado a una sociedad israelí profundamente marcada por la guerra y ante unas elecciones próximas. Analistas citados por medios internacionales observaron precisamente esa doble audiencia.
La gran pregunta que deja Nueva York no es solamente quién tiene la razón en el campo de batalla. Es hasta dónde puede llegar un Estado en nombre de su seguridad sin cruzar los límites jurídicos que protegen a la población civil. En Medio Oriente, seguridad y derecho internacional no pueden ser conceptos enemigos: la estabilidad futura dependerá de que ambos encuentren un punto de equilibrio.
