Hay momentos en la vida de una nación en los que el discurso político deja de ser suficiente y comienza la hora de demostrar, con hechos, qué significa ejercer el poder que los ciudadanos entregan en las urnas. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en los primeros meses del gobierno de Abelardo De la Espriella, particularmente frente a los desafíos de seguridad y orden público en Santa Marta y Cali.
El Presidente no se ha limitado a impartir instrucciones desde el Palacio de Nariño. En Santa Marta acompañó personalmente el despliegue de la Fuerza Pública, en medio de la ofensiva contra estructuras criminales que han intentado alterar la tranquilidad de la capital del Magdalena. Posteriormente, en Cali, recorrió durante la madrugada sectores intervenidos por las autoridades, en el marco de la denominada Operación Iron.
Ese mensaje tiene una lectura política y, sobre todo, institucional: la autoridad del Estado no puede ejercerse únicamente desde los escritorios. El jefe de Estado quiso estar donde estaban los soldados y policías, en territorios donde los ciudadanos reclamaban seguridad y donde las organizaciones criminales pretendían imponer sus propias reglas. Las imágenes del mandatario acompañado por la Fuerza Pública, con chaleco de protección, radio y arma de dotación, generaron controversia y críticas. Pero más allá de la discusión política sobre la imagen presidencial, existe un hecho verificable: De la Espriella decidió hacer presencia directa en escenarios donde se desarrolla la confrontación contra estructuras criminales. Y esa actitud adquiere una dimensión todavía mayor con la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado cabecilla de los Comandos de la Frontera y requerido por la justicia de Estados Unidos. El propio Presidente hizo efectiva personalmente la entrega del capturado a las autoridades estadounidenses el 25 de septiembre. Según la Presidencia, con este procedimiento ya son 94 las extradiciones realizadas durante su administración.
La señal es inequívoca: frente a quienes utilizan el narcotráfico, las armas y el terror para desafiar al Estado, la administración De la Espriella está privilegiando la acción de la Fuerza Pública, la cooperación internacional y la aplicación de la ley. Por supuesto, la seguridad no se resuelve en una semana ni un gobierno puede medir su resultado únicamente por operativos, capturas o extradiciones. También tendrá que garantizar que cada actuación de las autoridades se mantenga dentro de la Constitución, la ley y las garantías judiciales. Pero hay algo que merece ser reconocido: entre la sorpresa de una campaña electoral y la responsabilidad de gobernar existe una diferencia enorme, y De la Espriella está intentando demostrarla con presencia personal y decisiones concretas.
Santa Marta, Cali y la extradición de alias ‘Araña’ representan capítulos distintos de una misma apuesta: recuperar la capacidad del Estado para ejercer autoridad.
Colombia necesitaba volver a escuchar que la seguridad es una responsabilidad esencial del Gobierno. Ahora corresponde convertir esa determinación en resultados sostenibles, protección para los ciudadanos y tranquilidad para las regiones. Porque gobernar también significa estar allí donde el Estado es desafiado.
Por Silverio Jose Herrera Caraballo
