Hay decisiones de Estado que no necesitan demasiados discursos para entender su alcance. La activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano es una de ellas.
Este 5 de octubre, desde Valledupar, el presidente Abelardo De la Espriella pone oficialmente en marcha una estructura militar cuyo mensaje central es inequívoco: el Estado vuelve a concentrar capacidades para enfrentar al ELN, sus redes de apoyo, sus corredores y, especialmente, sus fuentes de financiación. Urano tendrá su sede operacional en Aguachica, con un puesto de mando y coordinación en Valledupar, y estará bajo el comando del coronel Óscar Fernando Reyes. La unidad integrará capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en articulación con la Policía Nacional, inteligencia, Policía Judicial y Fiscalía. No se trata simplemente de sumar tropas. La apuesta es recuperar la conjuntez, es decir, que las distintas capacidades del Estado trabajen bajo una misma orientación operacional para golpear estructuras criminales que no respetan límites departamentales.
El escenario escogido tampoco es casual. El sur del Cesar, particularmente el corredor Tamalameque–Aguachica, constituye una zona estratégica por donde se movilizan estructuras, recursos y economías ilegales. Inteligencia ha identificado a Aguachica como un punto logístico desde el cual el ELN proyecta acciones hacia otros municipios del Cesar y Norte de Santander, con conexiones hacia el Catatumbo. Uno de los objetivos inmediatos será atacar el hurto de hidrocarburos, actividad que alimenta las finanzas criminales. La operación busca afectar toda la cadena: extracción ilegal, transporte, almacenamiento, comercialización y utilización del combustible. Parte de esos recursos, según las autoridades, termina financiando actividades de narcotráfico, minería ilegal y acciones violentas en el Catatumbo. Pero detrás del combustible está el verdadero objetivo estratégico: el ELN.
La decisión presidencial no nació de la improvisación. En septiembre, después de ataques contra la Fuerza Pública en el Cesar, el Gobierno ordenó reforzar la región y puso en marcha la denominada Operación Urano. Posteriormente, el despliegue de tropas y capacidades de inteligencia permitió avanzar hacia la conformación de esta fuerza de tarea. Y los primeros resultados ya aparecieron. El 29 de septiembre fueron capturadas nueve personas en 12 allanamientos realizados en Ayacucho, corregimiento de La Gloria, y Pelaya. Según la información oficial divulgada por el presidente, los detenidos estarían vinculados con una red del ELN dedicada a la extorsión y al hurto de hidrocarburos. Eso demuestra algo fundamental: combatir al terrorismo moderno no consiste únicamente en perseguir hombres armados en la selva. También significa cortarles el dinero, desarticular sus redes logísticas, bloquear sus corredores, identificar colaboradores y llevar a los responsables ante la justicia.
Urano contará además con herramientas tecnológicas, entre ellas cámaras inteligentes con identificación biométrica y sistemas antidrones, para fortalecer la vigilancia y respuesta en zonas estratégicas. El desafío es enorme. El ELN no solamente amenaza a militares y policías; también afecta comerciantes, ganaderos, transportadores, empresarios y comunidades enteras mediante extorsiones, amenazas y control territorial. Por eso, la Fuerza de Tarea Urano debe ser mucho más que una denominación militar. Debe convertirse en una política permanente de recuperación territorial.
La orden presidencial está dada. Ahora corresponde a la Fuerza Pública convertir esa decisión política en resultados operacionales, judiciales y, sobre todo, en tranquilidad para una población que lleva demasiado tiempo esperando que el Estado vuelva a ejercer plenamente su autoridad. Urano apenas comienza. El objetivo está identificado. El ELN sabe que esta vez la mirada del Estado está puesta sobre su estructura, sus finanzas y sus corredores.
